El presidente Gustavo Petro, en compañía de todos los ministros del Gobierno, firmaron el decreto que oficializó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira, lugar donde el primer mandatario cumplió una semana de agenda.
Dicho decreto está compuesto por cuatro artículos que le permitirán a la rama ejecutiva durante la permanencia del estado de emergencia en el departamento en el norte del país adoptar «mediante decretos legislativos, además de las medidas anunciadas en la parte considerativa de este decreto, todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la propagación de sus efectos. Así mismo dispondrá las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo«.
En total, serán 11 sectores los que tendrán prioridad en el estado de emergencia durante el mes de julio: modelo de salud propio e intercultural, agua y saneamiento básico, priorización del uso del recurso hídrico, cobertura y calidad educativa, subsidios en materia de energía, ampliación de infraestructura aérea, tributos e inversiones, atención a familias con niños en primera infancia, tecnologías de la información y medidas presupuestales, planeación y contratación.
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«Hemos visto, creo que es absolutamente pertinente, decretar la emergencia económica y social porque se avecina una calamidad pública«, dijo el presidente Petro, en medio de su estadía en La Guajira.
«La venida aquí, como Gobierno, tiene como objetivo, ojalá no ilusorio, mirar cómo un gobierno puede sentar las bases de lo que podría ser ponerse en otro carril, del carril de la exclusión hacia el carril de la inclusión democrática, y comenzar ese trecho hacia un mejor puerto«, agregó durante una de sus alocuciones.
A pesar de que se comentó que la emergencia se iba a declarar por tres meses, en la Constitución se aclara que los estados de emergencia se pueden ejecutar por periodos de hasta 30 días que, sumados, no podrán superar la cifra de 90 días.
Si bien se esperaba que la declaración se realizara el día lunes 26 de junio, el Gobierno se tomó una semana de más para expedir el decreto, pues se estaba haciendo un análisis del marco jurídico para blindarse en caso de una revisión por parte de la Corte Constitucional.
«Era una decisión política que ya venía siendo liderada por el presidente desde hace un tiempo. Recordemos que hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que hay un estado de cosas inconstitucional en La Guajira y —siendo poco riguroso en la explicación técnica— lo que nos dice el alto tribunal es que el Estado no está funcionando allá; la gente no tiene derechos, a pesar de que están consagrados en la Constitución. Cuando uno ve eso es evidente que hay que buscar acciones y legislación extraordinaria para enfrentar ese estado de cosas inconstitucionales«, dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en entrevista con EL TIEMPO.
