En medio de la actual crisis de salud en el país, la Procuraduría General de la Nación inició procesos disciplinarios contra seis funcionarios que actuaron como agentes especiales interventores de dos EPS intervenidas por el Estado. Además, ordenó la suspensión provisional de dos interventores en ejercicio.
En el caso de Savia Salud, los investigados son los exinterventores Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, Diana Constanza Rodríguez Posso, Luis Óscar Gálvez Mateus y el actual interventor —ahora suspendido— William Humberto Salgado Gamboa.
Por EPS SOS, la medida cobija a exagentes interventores Carlos Marino Escobar Vásquez, Carlos Eduardo Franco Muñoz, Sergio Andrés Gil Celis y el interventor actual Carlos Alberto Betancur Castañeda (también suspendido).
Justamente, estas entidades involucradas cuentan con millones de usuarios en todo el país. Savia Salud EPS supera los 1,6 millones de afiliados, en su mayoría en Antioquia, y EPS SOS (Servicio Occidental de Salud), con operación en el suroccidente del país, cerró en 2024 con aproximadamente 800 mil afiliados.
La medida llega luego de que la Procuraduría logró comprobar mediante visitas administrativas, que las intervenciones de la Superintendencia de Salud por parte del Gobierno Nacional en Savia Salud (desde 2023) y EPS SOS (desde 2024) fracasaron en sus objetivos. Lejos de mejorar, la situación de ambas entidades empeoró bajo la administración estatal.
Las quejas de los usuarios crecieron
Particularmente en los indicadores de Savia Salud, se conoce que el incumplimiento de fallos judiciales alcanzó el 21 % y las finanzas de la entidad se desplomaron: el déficit patrimonial pasó de -$570.000 millones en 2022 a un alarmante -$1,1 billones en 2024. Además, las quejas de usuarios crecieron 33 % entre 2023 y 2025, las tutelas superaron 64.000 también en ese periodo.
Por el lado de la EPS SOS también se refleja un deterioro operativo y financiero crítico. Mientras los reclamos de los usuarios crecieron un 71 %, la siniestralidad amunetó al 117,5 % (que se encarga de medir cuánto gasta la EPS por cada peso que recibe) durante 2024, comprometiendo seriamente su viabilidad.
La Procuraduría vincula este fracaso a la inestabilidad administrativa, señalando que la rotación de cuatro interventores en cada EPS en menos de 24 meses, fracturó la ejecución de los planes de trabajo y profundizó la crisis institucional de las entidades.
“Lo que está pasando en Colombia con la salud es una tragedia humana”
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de un mensaje que compartió en su cuenta de X, advirtió que la crisis del sistema de salud trasciende el debate político. “Lo digo con total claridad: lo que está pasando con la salud en Colombia no es una discusión ideológica; es una tragedia humana que están pagando los pacientes”, afirmó.
Además, sostuvo que el objetivo del Gobierno sería desmontar el modelo actual. “Lo hemos dicho insistentemente: lo que quieren es acabar con el sistema”, señaló.
Según explicó, tras la intervención de Savia Salud —ordenada el 16 de junio de 2023— la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y Comfama fueron excluidas de la junta directiva. “Desde entonces, no tenemos acceso a los estados financieros, lo que genera incertidumbre sobre la situación real de esta EPS intervenida”, indicó.
Además, recordó que en abril de 2025 interpusieron una acción popular, cuando las EPS intervenidas adeudaban a la red pública de Medellín $168.208 millones. “Siete meses después, al cierre de ese mismo año, la deuda ascendía a $238.936 millones, lo que representa un incremento del 42 %”, precisó.
A su juicio, las cifras evidencian un agravamiento del panorama cada vez más evidente. “Esta cifra confirma que la situación no solo no mejoró, sino que se agravó de manera preocupante”, escribió. En ese contexto, agregó que Savia Salud adeuda más de $202 mil millones a la red pública de Medellín, recursos que —según afirmó— no han sido girados y afectan su sostenibilidad financiera.
También cuestionó la gestión del Gobierno Nacional de Gustavo Petro en este ámbito “La salud no puede improvisarse, y parece que esa es la constante del Gobierno”.