El Presupuesto General de la Nación para 2027, aprobado por el Congreso en la madrugada del 20 de octubre por un monto de $634,9 billones, enfrenta ahora una controversia jurídica que podría modificar el desenlace del trámite legislativo.
La alerta surgió después de que se identificara una diferencia entre los textos aprobados por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Según reportes de medios y fuentes del Congreso, la discrepancia estaría relacionada con una proposición incorporada al artículo 65, referente a la estabilización del precio de los combustibles.
¿Cuál fue el problema?
Durante la discusión en el Senado, una proposición relacionada con el artículo 65 habría sido retirada por su autor y, por lo tanto, no habría quedado aprobada en esa corporación.
Posteriormente, durante el trámite en la Cámara de Representantes, esa modificación habría sido incluida y votada dentro del texto que finalmente aprobó la plenaria.
El problema radica en que, cuando Senado y Cámara aprueban textos diferentes de un mismo proyecto de ley, la Constitución y las reglas del procedimiento legislativo contemplan mecanismos de conciliación para unificar las versiones antes de que el trámite pueda darse por terminado.
En este caso, esa conciliación no se realizó porque el Congreso estaba contra el límite legal para aprobar el presupuesto.
El artículo 65 quedó en el centro de la controversia
La diferencia no estaría relacionada con el monto global del presupuesto, sino con el contenido específico del artículo 65.
Según los reportes conocidos, una proposición que no habría sido votada en el Senado terminó incorporándose al texto aprobado por la Cámara.
Esto habría generado dos versiones diferentes del proyecto, situación que plantea la pregunta de si el trámite legislativo quedó debidamente agotado.
Reuters también reportó que expertos y legisladores consideran que la diferencia podría afectar la validez del procedimiento y que, ante la imposibilidad de completar una conciliación dentro del plazo, el Ejecutivo podría terminar expidiendo el presupuesto mediante decreto.
¿Qué pasa ahora con los $634,9 billones?
El Congreso había aprobado un presupuesto de $634,9 billones para 2027, superior al de 2026.
El texto contempla recursos para funcionamiento del Estado, inversión pública y servicio de la deuda, por lo que la controversia no es menor: una eventual caída del trámite legislativo tendría consecuencias sobre la programación presupuestal de las entidades estatales para la próxima vigencia.
Sin embargo, no significa que el Estado vaya a quedar sin presupuesto para 2027.
La discusión actual consiste en determinar cuál mecanismo jurídico debe utilizarse para darle vigencia al presupuesto y qué texto podría servir como base.
¿El Gobierno tendría que decretarlo?
Una de las posibilidades que han planteado diferentes fuentes es que el Gobierno de Abelardo De La Espriella termine expidiendo el Presupuesto General de la Nación mediante decreto.
Semana reportó que, ante el vicio de trámite, el Ejecutivo tendría que acudir a esa vía, mientras que otros análisis advierten que existen distintas interpretaciones jurídicas sobre el alcance de lo ocurrido.
La situación, por tanto, todavía tiene un componente jurídico que deberá definirse con precisión.
No sería correcto afirmar que el Gobierno ya decretó el presupuesto ni que existe una decisión definitiva sobre el mecanismo que finalmente se utilizará.
Una aprobación que terminó en controversia
El episodio resulta especialmente relevante porque el Congreso consiguió aprobar el presupuesto dentro del plazo constitucional, después de una extensa jornada que se prolongó hasta la madrugada.
El Senado lo aprobó con 57 votos a favor y uno en contra, mientras la Cámara lo hizo con 112 votos a favor y uno en contra, según los reportes publicados sobre la votación.
Pero la diferencia detectada posteriormente en uno de los artículos abre una nueva discusión: haber aprobado el proyecto dentro del plazo no sería suficiente si el procedimiento exigía una conciliación que finalmente no se realizó.
La discusión pasa ahora del Congreso al terreno jurídico
El caso podría terminar siendo analizado desde el punto de vista constitucional y legislativo.
Una de las principales preguntas será si la diferencia detectada afecta únicamente el artículo involucrado o si compromete el trámite del proyecto en su conjunto.
También deberá determinarse cuál texto puede considerarse válidamente aprobado y qué facultades tiene el Ejecutivo frente a la situación.
Por ahora, distintos sectores políticos y expertos han planteado interpretaciones diferentes, por lo que la prudencia periodística exige hablar de un posible vicio de trámite y de una controversia jurídica, no de una decisión judicial definitiva.
¿Qué significa para Colombia?
El Presupuesto General de la Nación define cómo se programan los ingresos y gastos públicos durante el siguiente año.
Por eso, la incertidumbre alrededor de su trámite puede tener efectos sobre ministerios, entidades públicas, inversión, funcionamiento y programas que dependen de las apropiaciones presupuestales.
El Gobierno deberá definir ahora la ruta jurídica que seguirá para garantizar que Colombia tenga un presupuesto aplicable en 2027.
Noticia curada por inteligencia artificial y contrastada con fuentes informativas.