La expedición del Decreto 0514 de 2026, con el que el Gobierno nacional restableció la protección jurídica de la denominada Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta, abrió un nuevo foco de tensión territorial en La Guajira.
Comunidades negras, sectores campesinos y autoridades wayuu anunciaron movilizaciones y asambleas permanentes para este 25 de mayo al considerar que la medida afecta sus derechos ancestrales, limita procesos de titulación de tierras y desconoce su autonomía territorial.
Mientras tanto, los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, agrupados en la Confederación Indígena Tayrona, celebraron el decreto como una decisión histórica para blindar espiritual y ambientalmente el territorio sagrado de la Sierra Nevada.
La controversia se concentra especialmente en los alcances del nuevo decreto firmado por el presidente Gustavo Petro el pasado 19 de mayo, luego de que el Consejo de Estado declarara nulo el Decreto 1500 de 2018 por fallas en los procesos de consulta previa con comunidades wayuu y afrodescendientes de La Guajira.
Los pueblos ancestrales de la Sierra Nevada celebraron la firma del Decreto No. 0514. Foto:Archivo particular
El nuevo instrumento normativo reconoce la Línea Negra como un sistema integral de espacios sagrados interconectados que abarcan montañas, ríos, zonas costeras y marinas en Magdalena, Cesar y La Guajira. Sin embargo, para varios sectores étnicos y sociales del Caribe, la medida revive viejas disputas sobre el control territorial y la participación en las decisiones estatales.
Comunidades negras anuncian asamblea permanente
La reacción más reciente provino de consejos comunitarios, organizaciones afrodescendientes y sectores campesinos de La Guajira que operan dentro del polígono de la Línea Negra. A través de un pronunciamiento público, estas organizaciones rechazaron el Decreto 0514 y anunciaron que desde este 25 de mayo entrarán en asamblea permanente.
Las comunidades afirman que no se oponen a los derechos ancestrales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, pero sí cuestionan que las decisiones se hayan tomado sin una consulta previa amplia y efectiva con las comunidades negras y campesinas afectadas.
Las comunidades afrodescendientes fueron las primeras en reaccionar tras la expedición del decreto. Foto:Suministrada
Según denunciaron, desde la expedición del Decreto 1500 de 2018 han enfrentado obstáculos para adelantar procesos de titulación colectiva, compra de predios y reconocimiento territorial. Ahora temen que el nuevo decreto amplíe aún más las restricciones sobre territorios donde históricamente han habitado familias afrodescendientes y campesinas.
Los líderes comunitarios también aseguran que durante reuniones realizadas en Barranquilla, Santa Marta y Riohacha dejaron constancia de inconformidades relacionadas con la falta de claridad cartográfica y las limitaciones en la participación comunitaria.
TOMADO DE EL TIEMPO.
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