La Fiscalía General de la Nación judicializó al exviceministro de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto, por su presunta participación en las irregularidades detectadas durante la planeación y ejecución del contrato para el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.
Según la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el exfuncionario habría intervenido, sin tener competencia funcional, en el proceso contractual suscrito el 31 de diciembre de 2024 por 32 millones de dólares, orientando la contratación mediante la modalidad de selección directa reservada con el propósito de favorecer a una empresa representada por un ciudadano estadounidense.
De acuerdo con el ente acusador, la compañía no acreditaba la experiencia técnica, la capacidad jurídica ni la solidez financiera exigidas para asumir el contrato.
Además, Suárez Soto habría participado en reuniones de estructuración para flexibilizar los requisitos de la licitación, mantenido comunicación directa con los contratistas y gestionado ante la Aeronáutica Civil un trámite considerado indispensable para la ejecución del acuerdo.
La Fiscalía también indicó que el entonces viceministro conocía informes técnicos y jurídicos que advertían sobre el incumplimiento de los requisitos por parte del contratista.
Pese a ello, presuntamente dispuso que un funcionario específico realizara la evaluación financiera del proceso.
Tras la declaratoria de incumplimiento del contrato, permanecen pendientes de reintegro más de 13 millones de dólares, recursos cuyo destino hace parte de las investigaciones que adelantan las autoridades.
