La emergencia por los incendios forestales que han afectado al departamento del Tolima abrió una nueva línea de investigación. El Gobierno Nacional analiza la posibilidad de que algunos de los focos hayan sido provocados deliberadamente por personas vinculadas a actividades ilegales, aunque hasta el momento no existe una decisión judicial que atribuya responsabilidad a una organización determinada.
Durante una visita al departamento, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó que las autoridades manejan información que apunta hacia una posible participación de personas relacionadas con la minería ilegal y estructuras armadas ilegales, particularmente en sectores donde confluyen actividades ilícitas y presencia de grupos al margen de la ley.
Lara sostuvo que una de las hipótesis bajo investigación es que algunas quemas podrían ser utilizadas para distraer la acción de la Fuerza Pública y generar desorden, especialmente en zonas donde las autoridades adelantan operaciones contra economías ilegales.
“Las manos criminales que puedan estar provocando estos incendios” serán investigadas, afirmó el ministro.
La declaración se produce en medio de una emergencia de gran magnitud. La Gobernación del Tolima llegó a reportar decenas de incendios activos en diferentes municipios y declaró la calamidad pública departamental para fortalecer la respuesta institucional y gestionar recursos destinados a enfrentar la emergencia.
Denuncia ante la Fiscalía
La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, también manifestó públicamente que existen “serios indicios de manos criminales” detrás de algunos incendios y anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen los hechos y se establezcan responsabilidades.
La mandataria señaló que la investigación deberá determinar si existe una acción deliberada detrás de las conflagraciones y quiénes estarían eventualmente involucrados.
El Gobierno departamental incluso anunció que solicitará al Comité de Orden Público estudiar una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables.
También investigan interferencias en las zonas de emergencia
Otro de los aspectos mencionados por el ministro Lara tiene relación con la presencia de personas que, según las autoridades, estarían llegando a puntos donde trabajan bomberos, organismos de socorro y miembros de la Fuerza Pública.
El funcionario aseguró que se han identificado comportamientos que, según su versión, podrían estar dirigidos a entorpecer las labores de atención, generar confrontaciones y promover discursos políticos en medio de la emergencia. Lara comparó estos patrones con actuaciones atribuidas a sectores de las llamadas “primeras líneas”.
Sin embargo, esta afirmación también corresponde a una hipótesis expuesta por el Gobierno y deberá ser respaldada por elementos probatorios y las investigaciones de las autoridades competentes.
Una emergencia que deja graves afectaciones
Más allá de las investigaciones sobre el origen de los incendios, la emergencia ambiental ha generado importantes afectaciones en el departamento.
La Gobernación reportó que miles de hectáreas de vegetación y cultivos han resultado afectadas y que diferentes municipios han requerido la intervención conjunta de bomberos, organismos de socorro, Fuerza Pública, autoridades locales y comunidad.
El reto ahora no solamente es controlar los focos que permanezcan activos, sino establecer qué originó cada incendio, determinar si hubo acciones deliberadas y, en caso de comprobarse, llevar a los responsables ante la justicia.
Por ahora, la Fiscalía y las autoridades de investigación tendrán la tarea de establecer si las denuncias sobre la posible participación de grupos ilegales corresponden a hechos comprobables o a hipótesis que deberán ser descartadas durante el proceso investigativo.
