El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella entregó este miércoles a la Fiscalía General de la Nación un denominado “Libro Blanco” o “Libro de la Verdad”, que contiene alrededor de 80 denuncias y reportes sobre presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de transición entre la administración de Gustavo Petro y el nuevo Ejecutivo.
La entrega se realizó en la sede central de la Fiscalía, en una reunión en la que participaron el presidente De La Espriella, la fiscal general Luz Adriana Camargo, el procurador general Gregorio Eljach y el contralor general Jorge Eliécer Laverde Vargas.
El documento reúne información recopilada por funcionarios y equipos que participaron en el proceso de empalme y que, según el Gobierno, identificaron posibles anomalías en diferentes entidades y sectores de la administración pública.
Sin embargo, la existencia de un hallazgo o una denuncia no constituye por sí misma una prueba de responsabilidad penal o fiscal. Será competencia de las autoridades establecer, mediante las investigaciones correspondientes, si se cometieron delitos o irregularidades administrativas y quiénes serían eventualmente responsables.
Fiscalía evaluará el contenido
Durante el encuentro, la fiscal Luz Adriana Camargo recibió formalmente la documentación y dejó claro que la información deberá pasar por los procedimientos institucionales correspondientes.
La jefe del ente acusador señaló que los elementos entregados serán sometidos a valoración técnica y jurídica, bajo los estándares de objetividad e independencia que exige la ley.
Esto significa que la Fiscalía deberá revisar cada caso, contrastar los documentos aportados con otras evidencias y determinar cuáles de los asuntos tienen mérito para convertirse en investigaciones formales.
El procedimiento también permitirá establecer cuáles hechos corresponden eventualmente a la Fiscalía y cuáles podrían ser competencia de organismos como la Procuraduría o la Contraloría.
Nueve patrones identificados por el Gobierno
El vicepresidente José Manuel Restrepo explicó que el informe no se limita a casos individuales, sino que, según el análisis realizado por el equipo de transición, existirían nueve patrones de comportamiento que se repiten en diferentes entidades.
Entre ellos mencionó presuntas deficiencias en procesos técnicos y administrativos, problemas de ejecución presupuestal, contratación reiterada de determinados proveedores, dificultades tecnológicas, posibles inconsistencias en información financiera y riesgos derivados de decisiones administrativas.
También se incluyeron señalamientos relacionados con la capacidad fiscal del Estado, la articulación entre entidades y la posible influencia de estructuras criminales en determinados territorios.
El Gobierno sostiene que estos elementos deberán ser revisados individualmente antes de establecer cualquier responsabilidad.
Contratos y proyectos bajo revisión
Entre los casos mencionados durante la presentación aparecen proyectos relacionados con infraestructura y servicios públicos, así como actuaciones de entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Uno de los ejemplos expuestos corresponde a un proyecto relacionado con la construcción de una planta desalinizadora en Santa Marta, cuyo valor habría alcanzado aproximadamente $786.000 millones.
También se hizo referencia a proyectos del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, con recursos que, según lo expuesto durante la reunión, alcanzarían cientos de miles de millones de pesos.
En estos casos será necesario establecer si las decisiones cuestionadas constituyeron efectivamente irregularidades y si ocasionaron algún daño al patrimonio público.
El Gobierno pide rastrear los recursos públicos
Durante la presentación, el presidente De La Espriella aseguró que su administración buscará fortalecer los mecanismos de seguimiento del gasto público mediante herramientas tecnológicas e inteligencia artificial.
El mandatario sostuvo que el objetivo es poder seguir el recorrido de los recursos desde su asignación presupuestal hasta la ejecución final de los contratos.
“Quiero que cada peso pueda ser rastreado”, afirmó el presidente durante su intervención.
El Gobierno también anunció que continuará remitiendo a los organismos de control los hallazgos que sean considerados relevantes.
La UNGRD, uno de los principales focos de cuestionamiento
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres volvió a ocupar un lugar central en los cuestionamientos formulados por el nuevo Gobierno.
El presidente hizo referencia a recursos, contratación y ejecución presupuestal de la entidad, señalando que existen actuaciones que deberán ser revisadas por los organismos de control.
La UNGRD ya había sido objeto de investigaciones y controversias durante la administración anterior, por lo que los nuevos señalamientos se suman a un escenario que permanece bajo escrutinio de las autoridades.
No se trata todavía de una condena ni de una decisión judicial
Uno de los aspectos más importantes del proceso es diferenciar entre denuncia, hallazgo e investigación.
El “Libro Blanco” representa la documentación entregada por el Gobierno entrante a las autoridades. A partir de esa información, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría deberán determinar, dentro de sus respectivas competencias, si existen elementos suficientes para adelantar procesos.
Por esa razón, los funcionarios de la administración Petro mencionados en los informes conservan plenamente sus garantías constitucionales y el principio de presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial en contrario.
El mensaje político del nuevo Gobierno
La entrega del documento también tiene una dimensión política. Desde antes de asumir el poder, De La Espriella había anunciado que realizaría una revisión de la administración recibida y que acudiría a los organismos de control si encontraba posibles irregularidades. La iniciativa fue presentada como parte de su estrategia de transición y de auditoría de la gestión estatal.
Ahora, con el documento formalmente en manos de la Fiscalía, comienza una etapa diferente: serán los organismos judiciales y de control los encargados de establecer qué denuncias tienen sustento probatorio y cuáles eventualmente pueden derivar en procesos administrativos, fiscales o penales.
La entrega del “Libro Blanco”, por tanto, no cierra una investigación: abre un nuevo capítulo de revisión sobre la administración anterior.
