El Gobierno Nacional decidió no prorrogar el Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990, mediante el cual Fiduprevisora S. A. ha participado durante 36 años en la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG.
La determinación fue adoptada por el Consejo Directivo del FOMAG en una sesión extraordinaria y anunciada el 30 de octubre por el Ministerio de Educación Nacional. El contrato vence este sábado 31 de octubre y la nueva etapa comenzará formalmente el 1 de noviembre de 2026.
No desaparece el FOMAG
Uno de los puntos que el Gobierno busca aclarar es que la terminación del contrato fiduciario no significa la desaparición del FOMAG ni la pérdida de los derechos de los maestros.
El Ejecutivo anunció una etapa de transición inicialmente de un año, con posibilidad de extenderla por otros 12 meses. Durante este periodo deberán mantenerse la atención en salud, los tratamientos médicos que ya se encuentran en curso, el suministro de medicamentos y el trámite y reconocimiento de las prestaciones económicas de los afiliados.
Por esa razón, el Ministerio de Educación solicitó a Fiduprevisora un plan detallado de actividades que permita garantizar la continuidad operativa durante el cambio.
¿Por qué se tomó la decisión?
Según el Ministerio de Educación, la determinación se fundamentó en revisiones jurídicas, técnicas, financieras y operativas, además de informes de supervisión, hallazgos de organismos de control y las observaciones recogidas entre docentes y otros actores del sistema.
En el proceso participaron los ministerios de Educación, Trabajo y Hacienda, así como representantes de Fecode, de acuerdo con la información oficial divulgada por el Gobierno.
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, sostuvo que el Ejecutivo busca corregir las condiciones que, según los análisis realizados, han contribuido a las dificultades del sistema.
El Gobierno también plantea que la transición permita revisar las condiciones de administración y operación del fondo y establecer una nueva ruta para garantizar la prestación de los servicios.
La salud de los docentes, uno de los principales retos
El cambio se produce en un momento particularmente sensible para el sistema de salud del magisterio.
Un reporte reciente de Colombia.com señaló que la Procuraduría había advertido sobre un faltante estimado de 1,84 billones de pesos para atender las necesidades de salud del magisterio durante 2026. El mismo medio reportó que posteriormente, en un debate en el Senado, se habló de un déficit superior, de acuerdo con las cifras expuestas en esa instancia.
Estas cifras deben entenderse como estimaciones y alertas financieras realizadas en distintos momentos, no como un único valor definitivo del déficit.
Ante este escenario, el Gobierno asegura que la transición deberá estar acompañada de controles para evitar que las dificultades administrativas afecten directamente a los pacientes.
Supersalud tendrá vigilancia especial
Como parte del proceso, el Ministerio de Educación solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud realizar un seguimiento especial a las instituciones prestadoras de servicios de salud que atienden a los maestros y sus familias.
La finalidad será verificar la continuidad y la calidad de la atención durante la transición, especialmente frente a tratamientos en curso y suministro de medicamentos.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, también planteó que los recursos destinados a la salud del magisterio deben contar con mayores niveles de transparencia, trazabilidad y control.
¿Qué pasará después de la transición?
El Gobierno todavía deberá definir cómo quedará estructurada la administración del sistema una vez termine el periodo de transición.
Según información publicada por Colombia.com, el Ministerio de Educación contempla adelantar los estudios necesarios para establecer las condiciones de una nueva contratación para la administración del servicio, de acuerdo con el marco establecido para el FOMAG.
Por ahora, la prioridad anunciada es evitar una interrupción en los servicios mientras se realiza el proceso de reorganización.
Un cambio después de 36 años
La decisión marca el final de una relación contractual que comenzó en 1990 y que durante 36 años estuvo vinculada a la administración fiduciaria del FOMAG.
El Gobierno presenta la medida como una oportunidad para corregir problemas acumulados y fortalecer el manejo del sistema. Sin embargo, el verdadero resultado dependerá de la capacidad institucional para ejecutar la transición sin afectar a los afiliados y de las decisiones que se adopten sobre la administración futura.
