La Fiscalía General de la Nación anunció un contundente avance en una investigación por presuntos hechos de corrupción relacionados con la contratación pública financiada con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). De acuerdo con el ente acusador, una estructura conformada por contratistas, exgobernadores, exalcaldes y funcionarios públicos habría utilizado el Fondo Mixto Sierra Nevada para direccionar contratos en diferentes regiones del país.
Como resultado de la operación fueron capturadas 13 personas, entre ellas el alcalde de María La Baja (Bolívar), Ramiro González Mancilla; el exalcalde de La Paz (Cesar); un contratista, así como exrepresentantes legales, exdirectivos administrativos, financieros y ejecutivos, el revisor fiscal, el director técnico y supervisores del Fondo Mixto Sierra Nevada.
Gobernadores bajo investigación
Fuentes consultadas por Colprensa señalaron que dentro de la investigación también aparecen varios mandatarios y exmandatarios departamentales, entre ellos Rafael Alejandro Martínez, exgobernador del Magdalena, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado por doble militancia, e Ingrid Padilla, quien asumió posteriormente la Gobernación.
La lista de investigados también incluye a Óscar Enrique Sánchez, gobernador del Amazonas; Luis Alfredo Gutiérrez, gobernador del Vaupés; Álvaro Arley León, exgobernador del Vichada; Fulberto Guevara, actual gobernador de ese departamento, y Yeison Ferney Rojas, gobernador del Guaviare.
El presunto esquema
Según la Fiscalía, la organización habría concentrado la ejecución de aproximadamente 480 proyectos en sectores como infraestructura, educación, agua potable y saneamiento básico, deporte, gestión del riesgo, salud, energía y vivienda rural.
Las investigaciones indican que el Fondo Mixto Sierra Nevada habría adoptado un manual de contratación propio para adjudicar contratos y subcontratos, presuntamente favoreciendo a terceros e incluso a integrantes de la misma organización, con el fin de mantener el control sobre la ejecución de los recursos públicos.
El ente acusador sostiene además que el direccionamiento de los contratos se habría realizado mediante procedimientos presuntamente irregulares, respaldados con documentos, actas y registros falsos que, al parecer, indujeron en error a distintas autoridades y facilitaron la evasión de los controles establecidos para la contratación estatal.
Operativo y capturas
Para materializar las órdenes judiciales, las autoridades realizaron 15 diligencias de allanamiento y registro, durante las cuales fueron incautados equipos electrónicos y abundante documentación. En el operativo participaron 105 funcionarios de policía judicial, quienes desarrollaron labores de seguimiento e inteligencia durante varios meses.
Los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías para la legalización de las capturas y la imputación de cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y peculado por apropiación. La Fiscalía solicitará medida de aseguramiento.
El caso del Magdalena
Dentro del expediente, el Magdalena ocupa un lugar relevante. De acuerdo con la investigación, la Fiscalía documentó una matriz de contratación en la que figuran convenios por más de 160.000 millones de pesos, suscritos durante la administración de Ingrid Padilla.
La hipótesis de los investigadores señala que la Gobernación asignaba recursos a distintos municipios mediante convenios, y posteriormente estos contrataban con el Fondo Mixto Sierra Nevada, mecanismo que presuntamente habría permitido direccionar la ejecución de los proyectos.
Fuentes judiciales indicaron que las investigaciones continúan y que no se descartan nuevas órdenes de captura en los próximos días, a medida que avance el análisis del material probatorio recopilado durante el proceso.
