El Gobierno de Estados Unidos anunció la revocatoria de las visas de la senadora colombiana Martha Isabel Peralta Epieyú y del empresario Euclides Antonio Torres Romero, así como de sus respectivos familiares, dentro de una nueva política de restricciones migratorias anunciada por el Departamento de Estado.
La decisión fue divulgada este lunes 28 de septiembre y hace parte de las medidas que Washington asegura estar implementando para enfrentar amenazas relacionadas con corrupción, narcotráfico y afectaciones a la gobernabilidad democrática en países del hemisferio occidental.
El Departamento de Estado explicó que la nueva política se aplica bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, una disposición que permite restringir el ingreso de extranjeros cuando su entrada pueda tener consecuencias adversas para la política exterior estadounidense.
¿Quiénes fueron incluidos?
En el caso colombiano aparecen dos nombres.
Euclides Antonio Torres Romero es descrito por el Departamento de Estado como un empresario privado propietario de un conglomerado con actividades principalmente en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública.
Por su parte, Martha Isabel Peralta Epieyú es identificada por Washington como senadora afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social —MAIS—.
La medida estadounidense no se limita a los dos ciudadanos mencionados: el comunicado señala que las restricciones también fueron extendidas a sus familiares, de acuerdo con las disposiciones anunciadas por el Departamento de Estado.
El caso de Martha Peralta
La decisión ocurre mientras la senadora enfrenta una investigación de la Corte Suprema de Justicia relacionada con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
De acuerdo con los reportes publicados sobre el proceso, la Sala de Instrucción abrió una investigación y la llamó a indagatoria por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias y cohecho impropio. La investigación judicial sigue un curso independiente de la decisión migratoria adoptada por Estados Unidos.
Peralta ha rechazado los señalamientos y, tras conocerse la revocatoria de su visa, afirmó que no había recibido una comunicación oficial que le explicara los motivos específicos de la decisión. También sostuvo que espera que los señalamientos públicos no sean confundidos con hechos probados.
Los antecedentes políticos de Euclides Torres
Torres ha tenido una presencia relevante en la política y en el sector empresarial colombiano y ha sido relacionado públicamente con el entorno político del expresidente Gustavo Petro.
Medios colombianos han documentado su participación en actividades relacionadas con campañas políticas y su posterior relación con contratos estatales durante el Gobierno Petro. Estos antecedentes forman parte del contexto político alrededor de la decisión, pero no deben confundirse con una condena penal.
La revocatoria de una visa por parte de Estados Unidos tampoco constituye, por sí misma, una sentencia judicial en Colombia o Estados Unidos.
Una decisión que trasciende a Colombia
La medida contra Torres y Peralta forma parte de un paquete más amplio de restricciones anunciadas por Washington contra ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Estados Unidos relacionó las medidas con la iniciativa denominada Escudo de las Américas, mediante la cual varios gobiernos de la región buscan fortalecer la cooperación frente al narcotráfico, las organizaciones criminales y otras amenazas transnacionales.
En el caso colombiano, la decisión tiene además una dimensión política porque involucra a una senadora en ejercicio y a un empresario que ha tenido vínculos públicos con sectores políticos del país.
La reacción del Gobierno colombiano
El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre la decisión y respaldó públicamente la medida estadounidense, señalándola como parte de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos contra la corrupción.
La reacción presidencial añade un componente político a una decisión que formalmente fue adoptada por el Departamento de Estado estadounidense.
