De la Espriella ordena trasladar a 117 presos de alto perfil y promete “control total” de las cárceles

La medida, ejecutada en las primeras horas del nuevo Gobierno, incluye el traslado de 103 cabecillas que permanecían recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí y representa un giro en la política penitenciaria frente al modelo de la llamada Paz Total.

Una de las primeras decisiones del Gobierno de Abelardo de la Espriella en materia de seguridad fue ordenar el traslado de 117 personas privadas de la libertad, consideradas de alto perfil y vinculadas, según el Ejecutivo, a procesos de negociación de paz.

La operación fue ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) horas antes de la posesión presidencial del 7 de agosto. De acuerdo con la Presidencia, los internos fueron trasladados a establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.

El Gobierno sostuvo que la decisión tiene como principal objetivo recuperar el control de los centros penitenciarios y evitar que las organizaciones criminales continúen utilizando las cárceles como lugares para coordinar o mantener actividades delictivas.

La Presidencia advirtió que quienes intenten convertir los establecimientos penitenciarios en centros de operaciones criminales serán sometidos a las acciones de la justicia.

103 cabecillas salieron de la cárcel de Itagüí

Uno de los principales movimientos se produjo en la cárcel La Paz de Itagüí, donde se encontraban recluidos varios de los principales cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá que participaron en los acercamientos de la denominada mesa de paz urbana durante el Gobierno de Gustavo Petro.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el traslado de 103 cabecillas desde ese establecimiento penitenciario y señaló que entre ellos se encuentran algunos de los principales líderes de organizaciones criminales de la región.

La operación estuvo acompañada por un amplio dispositivo de seguridad y por el despliegue de vehículos del Inpec en los alrededores de la prisión.

De acuerdo con información conocida durante el procedimiento, algunos de los internos habrían sido informados desde la noche anterior de que serían trasladados a otros establecimientos.

Entre los nombres relacionados con la operación aparecen alias ‘Carlos Pesebre’, ‘Douglas’ y ‘El Indio’. También trascendió que entre los reclusos reubicados estaría el exparamilitar Hernán Giraldo.

Alias ‘Douglas’, uno de los nombres de mayor relevancia

Entre los internos trasladados se encuentra, según la información conocida, José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, identificado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de la organización criminal La Terraza y antiguo integrante de la denominada Oficina de Envigado.

Su nombre cobró especial relevancia durante las conversaciones de paz urbana desarrolladas en Medellín durante el Gobierno Petro, dentro de los esfuerzos por avanzar en procesos de sometimiento y desarticulación de estructuras criminales.

En ese escenario también estuvieron relacionados otros reconocidos integrantes de organizaciones delincuenciales, entre ellos alias ‘Tom’, ‘Vallejo’, ‘El Compa’, ‘Grande Pa’, ‘Lindolfo’ y ‘Juan 23’. Sin embargo, al cierre de esta información no estaba confirmado que todos ellos hicieran parte del grupo trasladado.

Un cambio de rumbo en la política penitenciaria

La decisión constituye una de las primeras señales del enfoque de seguridad que pretende implementar la administración de De la Espriella y marca distancia frente a la estrategia desarrollada durante el Gobierno anterior en el marco de la Paz Total.

El nuevo Ejecutivo ha insistido en que las cárceles deben permanecer bajo control permanente del Estado y que los internos de alto perfil no podrán utilizar sus lugares de reclusión para mantener contacto operativo con las estructuras criminales.

Con el traslado de los 117 internos, el Gobierno busca enviar un mensaje contundente desde el comienzo de su administración: las cárceles serán consideradas un frente prioritario en la lucha contra el crimen organizado y estarán sometidas a un mayor control institucional.

Salir de la versión móvil