Una nueva controversia política e institucional se abrió alrededor de la Universidad de Córdoba, luego de que el presidente Abelardo De La Espriella cuestionara públicamente la permanencia del rector Jairo Miguel Torres Oviedo y anunciara acciones de inspección y vigilancia sobre la institución.
El pronunciamiento se produjo este sábado 3 de octubre durante la visita del mandatario a Montería, donde participó en la inauguración del estadio de béisbol Luis Nieto Correa y realizó anuncios relacionados con inversiones para el departamento.
Durante su intervención, De La Espriella aseguró que no aceptará que la permanencia de un funcionario en un cargo se construya mediante modificaciones de las normas internas y cuestionó particularmente el proceso relacionado con la elección de rector.
“Usted no merece estar sentado en esa silla de la rectoría”, afirmó el presidente al referirse directamente a Torres Oviedo.
El origen de la controversia
Uno de los puntos centrales de la disputa está relacionado con las modificaciones al Estatuto General de la Universidad de Córdoba y con el procedimiento para elegir a las autoridades universitarias.
Según explicó la Presidencia, un juez declaró la nulidad del Acuerdo 064 de 2026 y de las resoluciones mediante las cuales se había convocado una votación, al considerar que el rector no podía reglamentar un proceso relacionado con su propia elección.
El Gobierno sostiene que este antecedente requiere revisar la forma en que se han desarrollado los procesos electorales y administrativos dentro de la institución.
La Universidad de Córdoba, entretanto, mantiene publicados diferentes acuerdos relacionados con sus procesos internos. Entre ellos figura el Acuerdo 091 del 11 de septiembre de 2026, mediante el cual se resolvió una recusación contra el rector y se designó un rector ad hoc para una actuación administrativa específica.
Ministerio de Educación hará visita de inspección
Ante la controversia, el presidente informó que instruyó a la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, para realizar una visita de inspección y vigilancia a la Universidad de Córdoba.
La diligencia está prevista para el lunes 5 de octubre y tendrá como propósito revisar aspectos relacionados con la rectoría, los procesos electorales y el cumplimiento de los estatutos universitarios.
La inspección será ahora uno de los elementos centrales para determinar qué actuaciones administrativas corresponden dentro de las competencias del Ministerio de Educación.
Presidente también pidió actuaciones a Procuraduría y Fiscalía
De La Espriella anunció además que solicitó a la Procuraduría General de la Nación dar trámite prioritario al proceso disciplinario relacionado con el rector y revisar las quejas presentadas en su contra.
Según el presidente, el archivo de ese proceso fue revocado el pasado 30 de julio. También pidió a la Fiscalía General de la Nación priorizar las noticias criminales y denuncias que, según dijo, han sido presentadas contra Torres y otras personas vinculadas al caso.
Es importante precisar que una solicitud presidencial para priorizar investigaciones no equivale a una declaración de responsabilidad penal o disciplinaria. Las eventuales responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes dentro de los procesos correspondientes.
“Vamos a recuperar la universidad”
El mandatario elevó el tono de su intervención al afirmar que la Universidad de Córdoba no pertenece a un grupo político y que su administración buscará modificar lo que considera prácticas indebidas dentro de la institución.
De La Espriella sostuvo que pretende que la universidad sea dirigida por un académico con énfasis en investigación y ciencia.
“Vamos a poner ahí a un académico decente, que represente a la academia, a la investigación, a la ciencia”, manifestó.
El presidente también utilizó expresiones como “corrupción” y “politiquería” al referirse a la situación, pero estas afirmaciones corresponden a su posición frente a la controversia y no deben presentarse periodísticamente como una conclusión judicial sobre el rector.
Un proceso institucional que continúa
Los registros oficiales de la Universidad muestran que durante 2026 se han adoptado diferentes decisiones relacionadas con procesos electorales y administrativos.
En diciembre de 2025, el Consejo Superior había expedido el Acuerdo 132, mediante el cual se designó al rector para el período 2026-2031. La institución también había establecido previamente mecanismos y medidas de garantía para el proceso de designación.
Más recientemente, la Universidad informó que el 29 de septiembre de 2026 comenzó nuevamente el cronograma para la elección del representante de los egresados ante el Consejo Superior, en cumplimiento de decisiones judiciales y mediante el Acuerdo 097 de 2026.
Estos antecedentes muestran que la controversia no se limita a una confrontación política entre el presidente y el rector, sino que involucra procesos administrativos, decisiones judiciales y mecanismos internos de gobierno universitario.
La autonomía universitaria, otro elemento de fondo
El caso también plantea un debate sobre los límites entre las facultades de inspección y vigilancia del Estado y la autonomía de las universidades públicas.
La Universidad de Córdoba cuenta con órganos propios de gobierno y procedimientos establecidos en su Estatuto General. Por eso, cualquier modificación en la rectoría o en los procesos electorales debe producirse dentro del marco constitucional, legal y judicial aplicable.
La visita anunciada por el Ministerio de Educación permitirá establecer cuáles son las actuaciones que corresponden y si existen incumplimientos que ameriten medidas adicionales.
¿Qué viene ahora?
El primer paso será la visita de inspección y vigilancia anunciada para el lunes.
A partir de sus resultados podrían definirse nuevas actuaciones administrativas, mientras que la Procuraduría y la Fiscalía continuarán, dentro de sus competencias, con los procesos o investigaciones que correspondan.
Por ahora, Jairo Torres Oviedo continúa siendo el rector de la Universidad de Córdoba, mientras las instituciones competentes examinan las controversias relacionadas con su permanencia, los procesos electorales y las denuncias formuladas.
El episodio abre un nuevo capítulo en la disputa por la dirección de una de las principales universidades públicas del Caribe colombiano.
