El Gobierno Nacional endureció su posición frente a Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
La decisión se conoció después de que Castillo Carrillo concediera una entrevista en la que manifestó su disposición a entregarse a la justicia colombiana y estadounidense, aunque condicionó esa posibilidad a la existencia de un marco jurídico que establezca las condiciones de su sometimiento y las consecuencias penales que enfrentaría.
‘Pinocho’ dice estar dispuesto a entregarse
En la entrevista, Castillo Carrillo afirmó que podría comparecer ante las autoridades y aportar información sobre las actividades de la organización. También planteó que una eventual ley de sometimiento podría facilitar la entrega de otros integrantes de las ACSN.
El señalado cabecilla sostuvo que no tendría temor de comparecer ante las autoridades estadounidenses y manifestó su disposición a resolver allí su situación jurídica.
Sin embargo, sus declaraciones estuvieron acompañadas de una exigencia: garantías sobre el tratamiento judicial y las penas que recibiría en caso de someterse.
La propuesta se produjo días después de la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, durante un operativo en Riohacha. Pérez Toncel era señalado por las autoridades como integrante de las ACSN.
El Gobierno respondió con un plazo de una semana
La respuesta del presidente Abelardo De la Espriella fue inmediata.
A través de sus redes sociales, el mandatario instruyó a los ministros de Defensa y Justicia para que coordinen, en un plazo de una semana, el sometimiento a la justicia de Castillo Carrillo.
La Presidencia había establecido previamente como línea de Gobierno que frente a las organizaciones criminales no habría negociaciones de paz, sino procesos de sometimiento a la justicia. En agosto, el Ejecutivo había reiterado esa posición al anunciar decisiones relacionadas con integrantes de estructuras criminales y extradiciones.
La respuesta presidencial fue contundente al señalar que “aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias” y que, si el señalado cabecilla no se entrega y continúa delinquiendo, las autoridades actuarán conforme a la ley.
MinJusticia descarta beneficios por fuera de la ley
La discusión escaló este domingo con la posición del Ministerio de Justicia.
La cartera señaló que cualquier eventual sometimiento deberá desarrollarse dentro del ordenamiento jurídico y descartó la posibilidad de establecer beneficios o acuerdos que estén por fuera de la Constitución y la ley.
Esto significa que la eventual entrega de Castillo Carrillo no supone automáticamente una reducción de pena ni un acuerdo especial. Las condiciones jurídicas dependerían del marco legal aplicable y de las decisiones de las autoridades judiciales competentes.
Un nombre clave dentro de las ACSN
Fredy Castillo Carrillo, conocido como ‘Pinocho’ o ‘El Ganadero’, es señalado por las autoridades como uno de los principales dirigentes de las ACSN.
La Presidencia colombiana había informado en agosto que Castillo Carrillo permanecía prófugo y que era requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados, según el Gobierno, con narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte de armas y narcoterrorismo. Estas son imputaciones y señalamientos de las autoridades, no una condena definitiva por cada uno de esos delitos.
Su situación también está relacionada con el proceso que anteriormente se había desarrollado entre el Gobierno de Gustavo Petro y las ACSN, proceso que la actual administración dio por terminado.
El antecedente de ‘Bendito Menor’
La propuesta de sometimiento se conoce además en un momento de fuerte tensión en la Sierra Nevada y La Guajira.
La muerte de alias ‘Bendito Menor’ en Riohacha generó una fuerte reacción del Gobierno Nacional después de que circularan imágenes de su funeral en las que aparecían personas armadas y se escuchaban disparos al aire, según reportes periodísticos. El episodio llevó al presidente a anunciar una ofensiva contra integrantes de las estructuras criminales identificadas.
Ahora, el caso de ‘Pinocho’ abre un nuevo escenario: una eventual entrega individual o colectiva de integrantes de las ACSN frente a una política gubernamental que descarta negociaciones políticas y exige sometimiento bajo las normas vigentes.
Por ahora, el Gobierno dio un plazo de una semana para avanzar en la coordinación de la entrega. El siguiente paso será determinar si Castillo Carrillo acepta someterse bajo las condiciones planteadas por el Estado.