Un tenso episodio protagonizó el presidente Abelardo De La Espriella durante su visita oficial a San Andrés, donde confrontó públicamente a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz por sus posiciones frente a la intervención del Hospital Departamental.
El intercambio se produjo en instalaciones de la Base Naval de San Andrés, después del saludo protocolario a integrantes de la Armada Nacional, y quedó registrado en video. De acuerdo con los reportes periodísticos, el mandatario cuestionó las protestas y bloqueos que se presentaron alrededor de la intervención administrativa del hospital y manifestó que su Gobierno no permitirá que se obstaculice la medida.
La controversia se produce pocos días después de que la Superintendencia Nacional de Salud ordenara la intervención forzosa administrativa del Hospital Departamental de San Andrés, luego de detectar deficiencias en la prestación de servicios, problemas administrativos y financieros y otras situaciones que, según el organismo, comprometían la continuidad de la atención.
El presidente anuncia revisión de la contratación
Durante el encuentro, De La Espriella afirmó que tiene información relacionada con el manejo de los recursos públicos del archipiélago y anunció que su Gobierno realizará una revisión de la contratación.
La Presidencia informó posteriormente que el mandatario ordenó revisar la situación del hospital y anunció la conformación de un equipo forense para examinar la contratación, además de un equipo técnico destinado a apoyar la recuperación de la institución.
El jefe de Estado también hizo referencias a contratos que, según sus afirmaciones, estarían relacionados con personas cercanas a la Gobernación. Entre los señalamientos mencionó al esposo de la representante Elizabeth Jay-Pang.
Estos señalamientos corresponden a afirmaciones realizadas públicamente por el presidente y no equivalen por sí mismos a una determinación judicial o administrativa de responsabilidad. Cualquier eventual irregularidad deberá ser establecida mediante las investigaciones de los organismos competentes y con las garantías correspondientes.
Gobernadora y representante cuestionan la posición presidencial
Según los reportes sobre el encuentro, tanto la gobernadora Ordóñez como la representante Jay-Pang intentaron explicar su posición frente a la crisis hospitalaria y las actuaciones adelantadas en el departamento.
La gobernadora ha sostenido que había solicitado acompañamiento del Ministerio de Salud para enfrentar la situación sanitaria de la isla. Los reportes también indican que tanto ella como la congresista habían expresado públicamente posiciones relacionadas con la intervención del hospital.
La controversia, por tanto, tiene dos componentes: por un lado, la crisis comprobada que enfrenta el Hospital Departamental y la intervención ordenada por Supersalud; y por otro, las acusaciones del Gobierno nacional sobre el manejo de recursos y contratación pública en el archipiélago.
El Gobierno anuncia intervención sobre los recursos
Después de la visita presidencial, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia anunció acciones encaminadas a revisar posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La Presidencia señaló que la investigación será adelantada con participación de organismos de control y que se revisarán contratos y recursos destinados al departamento.
El Gobierno también afirmó que cada contrato y cada recurso deberán ser examinados para determinar si existen irregularidades y, de ser así, establecer las responsabilidades correspondientes.
Un hospital en el centro de la controversia
La confrontación política ocurre mientras el Hospital Departamental enfrenta una situación que ya había generado la intervención de Supersalud.
Entre los hallazgos divulgados se encuentran servicios habilitados que no estaban funcionando, dificultades en la atención, problemas de abastecimiento y deficiencias administrativas y financieras. Supersalud también reportó un rezago de aproximadamente $3.605 millones en facturación y cuestionamientos sobre la confiabilidad de parte de la información financiera de la institución.
La intervención busca recuperar la capacidad administrativa y asistencial del hospital y garantizar que los recursos destinados a la salud sean utilizados para atender las necesidades de la población del archipiélago.
La investigación determinará si hubo irregularidades
El episodio político ocurrido durante la visita presidencial abre ahora una etapa en la que deberán hablar las investigaciones formales.
Las acusaciones sobre contratación, manejo de recursos y posibles vínculos de particulares con contratos públicos deberán ser verificadas documentalmente por los organismos competentes.
Hasta que esas investigaciones concluyan, no corresponde presentar como hechos probados los señalamientos realizados durante el enfrentamiento político.
El caso mantiene la atención sobre San Andrés, donde la crisis hospitalaria, la administración de los recursos públicos y la intervención del Gobierno nacional quedaron en el centro de una controversia que ahora deberá avanzar por las vías institucionales correspondientes.
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