La Corte Constitucional ordenó nuevas medidas urgentes para garantizar el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes Wayuu en La Guajira, después de una inspección judicial realizada en el departamento como parte del seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017.
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento a esa sentencia, mediante la cual el alto tribunal declaró hace nueve años un Estado de Cosas Inconstitucional frente a la vulneración de los derechos fundamentales de la niñez Wayuu en los municipios de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia.
Tres problemas que requieren atención inmediata
De acuerdo con los hallazgos reportados tras la inspección judicial, la Corte identificó tres situaciones principales.
La primera está relacionada con la falta de coordinación entre las entidades responsables de la atención en salud y las EPS, situación que dificulta el seguimiento individual de los menores que requieren atención prioritaria.
La segunda corresponde a las dificultades para llevar servicios médicos de manera permanente a las comunidades rurales dispersas. La Corte encontró que algunas brigadas tienen una frecuencia insuficiente, mientras que las condiciones de las vías y la inoperancia de determinados centros de salud agravan las barreras de acceso.
El tercer hallazgo está relacionado con la salud mental de niños, niñas y adolescentes en comunidades de Maicao, particularmente en Cantawamana y Majayupana. Durante la inspección fueron reportadas afectaciones psicosociales y posibles casos de suicidio, en un contexto marcado, según los informes conocidos por la Corte, por dificultades de acceso al agua, altas temperaturas, aislamiento territorial y falta de documentación de identidad.
Atención para al menos 60 comunidades
Una de las principales órdenes establece que las autoridades sanitarias y las EPS deberán identificar las comunidades que actualmente reciben atención insuficiente.
Posteriormente, en un plazo máximo de 30 días, deberá comenzar un esquema de atención en al menos 15 comunidades de cada uno de los cuatro municipios cobijados por la Sentencia T-302, para un mínimo inicial de 60 comunidades.
El objetivo es que, dentro de un plazo máximo de seis meses, exista un mecanismo que garantice por lo menos una visita médica mensual a esas comunidades, con una frecuencia mayor cuando las condiciones de riesgo de los menores así lo requieran.
La Corte también ordenó establecer un mecanismo conjunto para realizar seguimiento individual y territorial a los niños, niñas y adolescentes identificados como prioritarios, incluyendo las barreras, demoras y necesidades particulares de cada caso.
Respuesta inmediata para la salud mental
Uno de los plazos más cortos corresponde al Ministerio de Salud, que tendrá un máximo de ocho días hábiles para activar una respuesta psicosocial de urgencia dirigida a los niños, adolescentes y familias de Cantawamana y Majayupana.
La intervención deberá contemplar valoración del riesgo, atención individual y una ruta de respuesta ante situaciones de crisis, con enfoque intercultural y participación de entidades como el ICBF, la Secretaría de Salud de La Guajira y la Alcaldía de Maicao.
La Pista también quedó dentro de las medidas
La Corte ordenó además una jornada especial de identificación y registro civil en el asentamiento La Pista, en Maicao, con participación de la Registraduría, el ICBF y la administración municipal.
Este punto tiene especial importancia porque la propia Corte ha advertido que la falta de un documento de identidad no puede convertirse en una barrera para acceder a servicios de salud, atención de urgencias o asistencia psicosocial.
El ICBF ya desarrolla programas de acompañamiento en La Pista. En febrero de 2026 informó que 1.125 familias del asentamiento serían atendidas mediante una estrategia de fortalecimiento familiar y comunitario.
Una crisis que viene siendo objeto de seguimiento judicial
La decisión más reciente no constituye el inicio del seguimiento estatal a la problemática. La Sentencia T-302 de 2017 estableció obligaciones relacionadas con agua potable, salud, alimentación y participación de la niñez Wayuu.
El Ministerio de Salud, por ejemplo, adoptó en 2023 un Plan Provisional de Acción para materializar el derecho fundamental a la salud de las comunidades Wayuu de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, precisamente en cumplimiento de la T-302 y de decisiones posteriores de la Corte.
Además, en 2026 el Ministerio reportó inversiones en infraestructura hospitalaria, transporte asistencial y fortalecimiento de servicios de salud en La Guajira, incluyendo ambulancias terrestres y marítimas para zonas de difícil acceso.
Esto permite dimensionar el problema: existen acciones e inversiones institucionales, pero la Corte continúa identificando barreras de acceso, problemas de articulación y dificultades para garantizar atención efectiva en territorios dispersos.
La orden tiene plazos concretos
La decisión establece una ruta de cumplimiento que involucra a diferentes instituciones nacionales y territoriales. La Presidencia, a través de la Consejería Presidencial para las Regiones, deberá facilitar la articulación de las entidades responsables; mientras los ministerios, autoridades territoriales, EPS y organismos de protección deberán ejecutar las acciones correspondientes.
La Corte también ha insistido en que las medidas adoptadas dentro del seguimiento a la T-302 deben conducir a soluciones estructurales y no limitarse a respuestas temporales. De hecho, la Sala Especial de Seguimiento continúa trabajando en la construcción de un Plan Estructural de Acción para superar el Estado de Cosas Inconstitucional.
Una nueva prueba para las instituciones
La decisión coloca nuevamente la atención sobre una pregunta central: qué tan efectiva será la coordinación entre Nación, departamento, municipios, EPS, prestadores y autoridades indígenas para que las órdenes judiciales se traduzcan en atención concreta en las comunidades.
Para la niñez Wayuu, los plazos ya están definidos: ocho días hábiles para activar la respuesta psicosocial urgente, 30 días para iniciar la atención en al menos 60 comunidades y seis meses para consolidar un esquema de visitas médicas periódicas.
La Corte dejó claro que estas medidas son parte del seguimiento a las obligaciones constitucionales pendientes y no sustituyen las órdenes estructurales dirigidas a superar el Estado de Cosas Inconstitucional declarado en 2017.
