El alto tribunal dejó en firme una ley que establece medidas para recuperar esta fuente hídrica, proteger sus ecosistemas y avanzar en una de las luchas históricas de La Guajira, el acceso al agua.
El fallo, contenido en la Sentencia C-353 de 2026, también hizo una precisión fundamental sobre la participación de las comunidades indígenas y afrodescendientes en la implementación de la norma. La Corte reiteró que deberá garantizarse la consulta previa en aquellos planes y programas que puedan afectarlas directamente.
La ley, sancionada el 8 de agosto de 2024, establece medidas para la conservación, restauración y recuperación ambiental del Ranchería, un río de enorme importancia para la vida, la cultura y la subsistencia de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas del departamento. Su aprobación también marcó un precedente en el país, al llevar al ámbito legislativo el reconocimiento de un río como sujeto de derechos, una figura que anteriormente había sido desarrollada mediante decisiones judiciales.
“Seguimos sumando victorias para nuestro pueblo. Me siento muy feliz y agradezco a la Corte Constitucional por declarar, de manera unánime, la constitucionalidad de la ley de nuestra autoría que reconoce al río Ranchería, su cuenca y afluentes como sujetos de derechos”, expresó la senadora Martha Peralta.
La Corte consideró que el reconocimiento del Ranchería como sujeto de derechos establece un marco general de protección ambiental que no implica, por sí mismo, una afectación directa a las comunidades étnicas. Sin embargo, precisó que los planes, programas y proyectos que se adopten durante su implementación deberán garantizar la consulta previa cuando puedan afectar directamente sus derechos.
Este pronunciamiento cobra especial importancia por la relación histórica, cultural y espiritual que los pueblos indígenas mantienen con el río y por la necesidad de garantizar su participación en las decisiones relacionadas con la recuperación de la cuenca.
“Me sumo al llamado de la Corte sobre la necesidad de garantizar la consulta previa en los planes y programas de implementación que puedan afectar directamente a nuestras comunidades”, manifestó la congresista.
“Confío en que esta decisión sea un paso importante para lograr lo que tanto hemos luchado, que el agua vuelva a los hogares de La Guajira y que nunca más les falte a nuestros niños y niñas”, señaló Peralta.
