En una jornada legislativa que se extendió hasta la noche del martes 3 de noviembre, el Congreso de la República aprobó la denominada Ley de Sometimiento, una de las principales iniciativas de seguridad y justicia del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.
La aprobación en ambas cámaras sobre un mismo texto permitió evitar una conciliación y cerrar el trámite legislativo antes del vencimiento de la vigencia de la Ley 418 de 1997, previsto para este miércoles 4 de noviembre.
La Cámara de Representantes aprobó la iniciativa con 95 votos a favor y 10 en contra, mientras que en el Senado obtuvo 57 votos positivos y 24 negativos. Ahora corresponde al presidente de la República sancionar el proyecto para completar el procedimiento de expedición de la norma.
Una aprobación contra el reloj
El proyecto fue presentado por el Gobierno con mensaje de urgencia y tuvo que superar su trámite en un calendario legislativo ajustado.
La iniciativa modifica, adiciona y prorroga disposiciones de la Ley 418 de 1997, instrumento jurídico utilizado por diferentes gobiernos para establecer mecanismos relacionados con el orden público, la seguridad y los procesos de acercamiento con actores armados.
El Senado había aprobado su texto el 3 de noviembre y la Cámara decidió respaldar esa misma versión durante la noche. De esta manera, no fue necesario convocar una comisión accidental de conciliación, procedimiento que habría requerido tiempo adicional.
¿Qué busca cambiar la Ley de Sometimiento?
El propósito central de la iniciativa es establecer un marco jurídico para que integrantes de determinadas organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales puedan someterse a la justicia ordinaria bajo condiciones definidas por el Estado.
A diferencia de una negociación política de paz, el mecanismo está planteado como un procedimiento judicial condicionado al cumplimiento de compromisos verificables.
Entre las obligaciones contempladas se encuentran:
- Entregar armas y bienes relacionados con las actividades criminales.
- Proporcionar información sobre la estructura y los integrantes de las organizaciones.
- Contribuir a la ubicación de personas desaparecidas.
- Entregar información sobre menores reclutados y facilitar su desvinculación.
- Colaborar con el esclarecimiento de hechos delictivos y las redes de corrupción.
- Cumplir las condiciones establecidas por las autoridades judiciales.
La iniciativa también mantiene la actuación de la Fuerza Pública y las órdenes de captura y extradición, de acuerdo con las explicaciones entregadas por el ministro de Justicia, Iván Cancino.
¿Qué beneficios judiciales contempla?
Uno de los puntos que más atención generó durante el debate fue el tratamiento penal para quienes se acojan al mecanismo y cumplan las condiciones legales.
La propuesta contempla reducciones de penas de hasta el 50 % para integrantes de base y de hasta el 30 % para cabecillas, bajo los requisitos establecidos en el texto aprobado.
También establece restricciones para quienes hayan cometido determinados delitos. Entre los cambios reportados durante el trámite se encuentra la exclusión de beneficios diferenciados para responsables de reclutamiento de menores de edad.
Estos beneficios no son automáticos: dependen del cumplimiento de las obligaciones y de la verificación correspondiente por parte de las autoridades competentes.
Cambios introducidos durante el debate
La aprobación estuvo acompañada de modificaciones y discusiones sobre artículos específicos.
Uno de los cambios más relevantes fue la eliminación del artículo 25, relacionado con facultades para el manejo de recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon.
También se incorporaron disposiciones relacionadas con la deforestación, la tala ilegal y la minería ilegal, así como garantías jurídicas para integrantes de la Fuerza Pública.
Estos ajustes muestran que el texto aprobado no fue simplemente una ratificación de la propuesta inicial del Ejecutivo, sino el resultado de discusiones y modificaciones durante el trámite legislativo.
Un cambio en la estrategia de seguridad del Gobierno
El Gobierno de Abelardo De La Espriella ha presentado la iniciativa como un cambio frente a la política de Paz Total implementada durante la administración anterior.
La propuesta busca privilegiar el sometimiento a la justicia ordinaria, el desmantelamiento de estructuras criminales y la entrega de información, armas y bienes, en lugar de establecer negociaciones políticas con esas organizaciones.
El presidente defendió la aprobación del proyecto y afirmó que representa un cambio en la estrategia estatal frente a las estructuras ilegales. Por su parte, el ministro de Justicia sostuvo que los beneficios estarán condicionados al cumplimiento de los compromisos y que no se suspenderán las órdenes de captura ni las extradiciones.
¿Qué sigue después de la aprobación?
El siguiente paso es la sanción presidencial y la posterior promulgación, conforme al procedimiento constitucional.
Por tanto, aunque el Congreso ya terminó la aprobación del proyecto, es necesario distinguir entre el cierre del trámite legislativo y la entrada en vigencia de la norma.
El país queda a la espera de la decisión presidencial y de la publicación oficial del texto definitivo, que permitirá conocer con precisión su aplicación, los procedimientos y las condiciones que deberán cumplir quienes pretendan acogerse al mecanismo.
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