Álvaro Uribe Vélez pasa por uno de sus mejores momentos políticos. El expresidente de derechas, el más popular en las últimas dos décadas en Colombia, fue exonerado este martes en segunda instancia, tras haber sido condenado inicialmente a 12 años de prisión, por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. El Tribunal Superior de Bogotá revisó en los últimos dos meses esa sentencia, y concluyó que tenía graves errores. Si bien un abogado de Uribe, Diego Cadena, ofreció beneficios a varios antiguos paramilitares para que declararan en favor del político, y por ello está condenado en un proceso paralelo, los magistrados consideran que no está demostrado que el expresidente hubiera diseñado el plan para engañar a la justicia.
La noticia cae como un bálsamo en la derecha, que espera que Uribe participe en su lista al Senado en las elecciones legislativas de marzo del próximo año, y como un puñal en la izquierda, pues una de las víctimas del proceso es el senador Iván Cepeda, precandidato la presidencia por el oficialismo y quien se mide electoralmente el próximo domingo en una consulta interna para definir el aspirante del petrismo.
Con la decisión del Tribunal, el sistema de justicia deja una sensación de incertidumbre. Primero, por sus diferencias abismales frente al fallo de primera instancia y por la posición divergente de uno de los tres magistrados, Leonor Oviedo, quien ha señalado en la audiencia del martes que se debió confirmar la condena inicial. En ella, la jueza Sandra Heredia señaló que eran válidas unas interceptaciones hechas por error a Uribe en 2018, mientras el Tribunal considera que son pruebas ilícitas y que violan la intimidad del político. Heredia encontró que era claro que Uribe sabía de los sobornos ofrecidos por Cadena, a partir de lo que se infiere en los audios entre los dos, pero los magistrados consideran que esta es una interpretación sin sustento suficiente.
El proceso penal, que los colombianos siguen como si fuera una telenovela desde 2018, era el primero que llevaba a un expresidente a una cárcel en más de medio siglo. Los jefes de Estado son investigados por sus hechos como presidentes por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde las lógicas políticas suelen estancar las investigaciones. Este caso era distinto, porque los hechos ocurrieron en 2017 y 2018, cuando Uribe no era presidente sino senador. La investigación inició en la Corte Suprema de Justicia, que en 2020 pidió la detención de Uribe por “posibles riesgos de obstrucción a la justicia”. El expresidente renunció entonces su curul, lo que hizo que el caso pasara a la Fiscalía General, que dirigía entonces un aliado del uribismo, Francisco Barbosa.
Esa Fiscalía pidió cerrar el caso varias veces, alegando falta de pruebas, pero varios jueces frenaron esa intención, alegando que sí había suficiente material para llamar al político a un juicio. La actitud de la institución cambió cuando llegó una nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, ternada por el ahora presidente Gustavo Petro, enemigo acérrimo de Uribe. La Fiscalía acusó entonces a Uribe y Heredia le dio la razón. Pero, en esos largos ires y venires en las cortes y la Fiscalía, en los que distintos funcionarios están en desacuerdo sobre la validez y la eficacia de las pruebas, queda un sentimiento de incertidumbre jurídica, como si la culpabilidad o inocencia de una de las mayores figuras de la política colombiana en lo que va del siglo dependiera solo de las manos en las que caiga el expediente.
