La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Carlos Andrés González Rodríguez, quien se desempeñó como supervisor de un proyecto de vivienda del Fondo Adaptación dirigido a familias afectadas por el fenómeno de La Niña ocurrido durante 2010 y 2011 en La Guajira.
La actuación busca establecer si durante el período de supervisión se presentaron posibles omisiones en las labores de control y vigilancia sobre un convenio suscrito con la Caja de Compensación Familiar de La Guajira, Comfaguajira, por un valor superior a los $23.600 millones. El acuerdo fue firmado el 30 de enero de 2013 y tenía como objetivo la construcción y entrega de 5.090 viviendas.
De acuerdo con la Procuraduría, el convenio venció el 5 de noviembre de 2019 y, para ese momento, permanecían situaciones relacionadas con viviendas cuya entrega no había podido ser acreditada documentalmente.
Uno de los elementos centrales de la investigación es un dictamen pericial elaborado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría. Según ese documento, al menos 771 de las 5.090 viviendas pactadas no contarían con soporte de entrega. La cifra equivale aproximadamente al 15 % del total previsto en el proyecto.
La Procuraduría busca determinar, entre otros aspectos, cuáles fueron las actuaciones adelantadas por González Rodríguez durante su período como supervisor, qué medidas se adoptaron frente a las dificultades del proyecto y si las obligaciones de vigilancia y control fueron cumplidas de acuerdo con sus responsabilidades.
Fondo Adaptación acudió a la justicia
El caso también tiene un componente judicial. Según la información oficial del Ministerio Público, el Fondo Adaptación presentó una demanda para que un juez determine formalmente si existió incumplimiento por parte del contratista y, de ser procedente, establezca las consecuencias económicas correspondientes. La Procuraduría también pretende conocer el estado actual de esa actuación judicial.
Documentos anteriores del propio Fondo Adaptación muestran que el convenio con Comfaguajira ya había generado controversias judiciales. En un informe de gestión de 2023, la entidad registró un proceso en Riohacha relacionado con Comfaguajira y señaló que un acuerdo conciliatorio parcial había sido improbado por el despacho judicial en octubre de 2022.
Esto permite establecer que las dificultades del proyecto no corresponden únicamente a una discusión administrativa reciente, sino que han tenido antecedentes dentro de la gestión contractual y judicial del Fondo Adaptación.
La investigación disciplinaria deberá avanzar ahora con la recopilación y valoración de pruebas para determinar si existió alguna conducta disciplinariamente reprochable y, eventualmente, establecer responsabilidades individuales.
Es importante precisar que la apertura de una investigación disciplinaria no constituye una declaración de culpabilidad. Será el desarrollo del proceso y las pruebas recaudadas las que determinen si existe o no responsabilidad del funcionario investigado.
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