VALLEDUPAR, CESAR. — Una obra concebida para convertirse en un espacio de homenaje a uno de los grandes referentes del vallenato terminó en el centro de una investigación penal por presuntas irregularidades en la contratación pública. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador del Cesar, Francisco Fernando Ovalle Angarita, por hechos relacionados con la primera fase del parque cultural La Casa en el Aire, proyecto que recibió recursos millonarios y quedó inconcluso.
La audiencia de formulación de acusación fue programada para el miércoles 11 de noviembre de 2026 ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, según el calendario oficial de audiencias de esa corporación.
La Fiscalía le atribuye al exmandatario una presunta responsabilidad en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El ente investigador sostiene que durante su administración se habrían adoptado decisiones para avanzar con la contratación, aprobación y financiación de una iniciativa que presentaba deficiencias en su estructuración, viabilidad y sostenibilidad.
La acusación representa un avance procesal en la investigación, pero no significa que Ovalle Angarita haya sido declarado culpable. La responsabilidad penal deberá determinarse mediante las actuaciones judiciales correspondientes, con respeto por la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
Un contrato que comenzó en $6.398 millones
De acuerdo con la información expuesta por la Fiscalía, el 29 de noviembre de 2018 fue suscrito el contrato 1613 con un consorcio encargado de ejecutar la primera fase del proyecto.
El negocio contractual tuvo un valor inicial de $6.398 millones. Para su ejecución se contempló un anticipo equivalente al 40 % de ese valor, asociado a la firma del acta de inicio, suscrita el 20 de diciembre de 2018.
Posteriormente, el contrato recibió una adición presupuestal de $3.042 millones. La inversión total reportada para el proyecto llegó a $14.462 millones, con participación de recursos del Sistema General de Regalías, que aportó $1.285 millones.
Es importante diferenciar estas cifras: los $6.398 millones corresponden al valor inicial del contrato, los $3.042 millones a la adición reportada y los $14.462 millones al monto total de inversión del proyecto. No deben presentarse como si fueran valores equivalentes o como una simple suma de los dos primeros conceptos.
Las advertencias técnicas que están bajo investigación
Uno de los puntos centrales de la acusación está relacionado con las condiciones en las que fue estructurado el proyecto.
Según la Fiscalía, durante las etapas de planeación, aprobación y financiación se habrían presentado deficiencias relacionadas con los requisitos de viabilidad, sostenibilidad y estructuración de la obra.
La investigación también señala que entidades del orden nacional emitieron conceptos desfavorables y formularon observaciones técnicas que debían ser atendidas antes de continuar con el proceso contractual.
El ente acusador sostiene que esas advertencias no fueron resueltas adecuadamente y que, pese a ellas, se continuó con el proceso de adjudicación, la aprobación de la financiación y la suscripción del contrato.
Para la Fiscalía, la intervención de Ovalle Angarita habría sido determinante en la consecución de los recursos destinados a la iniciativa.
Estos señalamientos constituyen la tesis de la acusación y deberán ser examinados dentro del proceso judicial. La existencia de observaciones técnicas o dificultades contractuales no equivale, por sí sola, a una declaración de responsabilidad penal.
Agosto de 2023: terminó el contrato, pero no la primera fase
La ejecución de La Casa en el Aire estuvo marcada por dificultades que impidieron completar las obras previstas.
De acuerdo con la información conocida sobre la investigación, las deficiencias de planeación habrían afectado la funcionalidad de la infraestructura, ocasionado suspensiones y generado dificultades para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Finalmente, en agosto de 2023 el contrato fue terminado unilateralmente, sin que se hubiera completado la primera fase del parque.
El resultado dejó sin terminar una iniciativa que había sido presentada como un espacio cultural y turístico para Valledupar, en homenaje al compositor Rafael Escalona, autor de algunas de las obras más representativas del vallenato tradicional.
La Casa en el Aire: de homenaje cultural a controversia por recursos públicos
El proyecto fue concebido para rendir homenaje a Rafael Escalona, cuya obra ocupa un lugar fundamental en la historia del vallenato y en la identidad cultural del Cesar.
La idea de construir un espacio dedicado a su legado buscaba fortalecer la oferta cultural y turística de Valledupar. Sin embargo, los problemas de estructuración y ejecución terminaron convirtiendo la iniciativa en un asunto de interés público y judicial.
El caso también ha tenido actuaciones de otros organismos de control. En noviembre de 2025, la Procuraduría General de la Nación informó sobre una investigación disciplinaria relacionada con presuntas irregularidades en la primera etapa del parque, en ese caso contra el entonces exalcalde de Valledupar, Mello Castro González, y otros funcionarios y particulares.
Esa actuación corresponde a hechos y responsabilidades que deben analizarse por separado: no debe confundirse con la acusación penal que ahora enfrenta el exgobernador Francisco Ovalle. https://www.procuraduria.gov.co/Pages/procuraduria-investiga-presunto-detrimento-patrimonial-construccion-casa-en-el-aire-en-valledupar.aspx
El proceso judicial y las preguntas que siguen pendientes
Con la formulación de acusación, el caso contra Francisco Fernando Ovalle Angarita avanza en la ruta judicial ante la Corte Suprema de Justicia.
Entre los asuntos de interés público que deberán esclarecerse están las condiciones en que se estructuró y aprobó el proyecto, el tratamiento de las observaciones técnicas, las decisiones administrativas que permitieron su financiación y las circunstancias que llevaron a la terminación unilateral del contrato.
También resulta necesario conocer qué mecanismos se adoptaron para establecer el estado de los recursos comprometidos, las obligaciones pendientes y las posibilidades de recuperación o aprovechamiento de la infraestructura construida.
La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió con los recursos destinados a una obra de importancia cultural para Valledupar y cuáles fueron las responsabilidades administrativas, fiscales o penales que puedan establecer las autoridades competentes.
Por ahora, el proceso deberá avanzar con las garantías legales correspondientes. La investigación de la Fiscalía plantea señalamientos que deberán ser debatidos ante la justicia, mientras permanece vigente la presunción de inocencia del exgobernador.
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