El Gobierno Nacional dejó listo el proyecto de decreto que modifica las reglas de actuación de las autoridades durante las jornadas de protesta social en Colombia. El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, confirmó que el documento pasará este viernes 9 de octubre a consideración y firma del presidente Abelardo De La Espriella.
La iniciativa busca modificar y adicionar disposiciones del Decreto 003 de 2021, norma que actualmente establece el protocolo para la actuación estatal, el uso de la fuerza y la protección del derecho a la protesta pacífica. Ese decreto fue expedido en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia relacionada con la necesidad de establecer reglas claras frente a la intervención de la Fuerza Pública durante las manifestaciones.
De acuerdo con la explicación entregada por el ministro Lara, la nueva propuesta se estructura alrededor de tres cambios principales: definir qué conductas pueden ser consideradas violentas, establecer causales concretas para dar por agotado el diálogo y fijar cinco niveles de reacción de las autoridades.
El diálogo continuará siendo la primera opción
Uno de los puntos centrales de la propuesta es que el diálogo y la mediación continúen siendo la regla general durante las manifestaciones. Sin embargo, el Gobierno plantea establecer circunstancias específicas en las que esa etapa pueda considerarse agotada.
Entre los escenarios mencionados aparecen situaciones como la afectación de servicios de urgencias, el impedimento del paso de ambulancias, la retención de personas, la utilización o porte de armas, agresiones contra terceros y afectaciones graves a determinados servicios o bienes.
La intención, según el Gobierno, es evitar que el diálogo se prolongue indefinidamente cuando existan hechos que representen un riesgo para la vida, la integridad de las personas o el funcionamiento de servicios esenciales.
Cinco niveles de reacción
El proyecto contempla una respuesta escalonada de las autoridades. La ruta comienza con mecanismos de prevención, gestores de convivencia y diálogo directo, continúa con instancias de mediación y contempla niveles superiores de intervención cuando se presenten hechos violentos.
En los escenarios de mayor gravedad podría intervenir la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO, que reemplazó al antiguo Esmad. El Gobierno ha insistido en que el uso de la fuerza debe mantenerse como una medida excepcional y proporcional a las circunstancias.
El planteamiento busca, según el Ministerio del Interior, permitir que las autoridades actúen frente a quienes estén cometiendo actos violentos sin que eso implique tratar como violentos a todos los participantes de una manifestación.
¿Qué pasará con los bloqueos?
Otro de los elementos anunciados son los llamados “corredores solidarios”, cuya finalidad sería garantizar el paso de ambulancias, organismos de socorro y otros servicios esenciales durante las movilizaciones.
El Gobierno también plantea evitar bloqueos permanentes de carreteras y de carriles exclusivos de sistemas de transporte como TransMilenio. Sin embargo, fuentes que han analizado el proyecto han advertido que un bloqueo no necesariamente convierte por sí solo una protesta en violenta; la valoración tendría que considerar las circunstancias concretas y los criterios establecidos en la norma.
Esto resulta especialmente relevante porque el Decreto 003 de 2021 ya establece la primacía del diálogo y la mediación como elementos principales de la actuación de las autoridades frente a las manifestaciones.
El debate político y jurídico continúa
La propuesta ha generado posiciones encontradas. El Gobierno sostiene que busca proteger el derecho constitucional a la protesta pacífica y, al mismo tiempo, establecer límites más claros frente a conductas violentas.
Sectores críticos, por su parte, han expresado preocupación por el alcance que podrían tener las nuevas facultades de intervención y por la interpretación que las autoridades hagan de las circunstancias que permitan pasar del diálogo a una actuación policial.
El debate también tiene una dimensión jurídica: el marco actualmente vigente nació precisamente a partir de una decisión judicial que ordenó al Ejecutivo establecer reglas para proteger derechos fundamentales durante las manifestaciones y regular el uso de la fuerza.
Por ahora, el nuevo decreto no puede considerarse vigente hasta que sea firmado y expedido oficialmente. El siguiente paso será conocer el texto definitivo y verificar si conserva exactamente las disposiciones anunciadas por el Ministerio del Interior.
La discusión de fondo queda planteada: cómo garantizar el derecho constitucional a la protesta pacífica y, al mismo tiempo, cómo responder frente a actos que puedan poner en riesgo la vida, la integridad, la movilidad o los servicios esenciales.