La senadora guajira Martha Peralta Epieyú denunció públicamente haber recibido una llamada que, según su relato, contenía amenazas contra su vida y referencias directas a sus hijos.
La congresista hizo pública la situación mediante un video difundido en redes sociales, en el que manifestó temor por su integridad y la de sus familiares.
“Acabo de recibir una llamada de amenaza en contra de mi vida. Se meten con mis hijos”, afirmó Peralta, quien aseguró que decidió hacer pública la situación pese al temor que, según dijo, le produjo el episodio.
Denuncia ante Fiscalía, Policía y UNP
Peralta informó que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidades a las que pidió investigar el origen de las llamadas y determinar el nivel de riesgo que enfrenta tanto ella como su núcleo familiar.
La senadora también manifestó que espera que las autoridades puedan identificar a los responsables y adoptar las medidas correspondientes.
Hasta ahora, la denuncia corresponde al relato de la congresista y no existe información pública que permita establecer quién realizó las llamadas ni confirmar judicialmente su responsabilidad. Precisamente, una de las tareas de las autoridades será verificar la autenticidad, origen y contenido de las comunicaciones denunciadas.
“Siento miedo por mi vida”
Durante su pronunciamiento, Peralta expresó preocupación por la seguridad de sus familiares y cuestionó que las diferencias políticas puedan terminar trasladándose al terreno personal.
La congresista relacionó las amenazas denunciadas con el ambiente de señalamientos y mensajes que, según afirmó, ha recibido durante las últimas semanas, algunos de los cuales calificó de racistas y de promover odio.
“No saben lo que me costó hacer este video porque siento miedo por mi vida, siento miedo por la vida de mis familiares”, manifestó.
La senadora también sostuvo que los mensajes de odio pueden terminar derivando en hechos de violencia y pidió que las controversias políticas no se conviertan en mecanismos de intimidación.
La denuncia ocurre después de la revocatoria de su visa estadounidense
El caso se conoce apenas un día después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara la revocatoria de las visas de Martha Peralta, del empresario Euclides Torres y de sus familiares directos.
Washington informó que las medidas forman parte de una política de restricciones migratorias relacionada con acciones contra la corrupción, el narcotráfico y conductas que, según el Gobierno estadounidense, afectan la gobernanza democrática.
Peralta, por su parte, manifestó que conoció la decisión a través de medios y redes sociales y que no había recibido, según su versión, una comunicación oficial individual explicándole las razones específicas de la medida. La senadora anunció que buscaría obtener esa información por los canales correspondientes.
Es importante precisar que la revocatoria de una visa es una medida administrativa migratoria y no equivale por sí misma a una condena penal.
Investigación por hechos diferentes
La situación también ocurre mientras Peralta enfrenta una investigación en Colombia relacionada con presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio, según reportes de medios sobre actuaciones de la Corte Suprema.
La existencia de una investigación, sin embargo, no significa que exista una condena. Cualquier responsabilidad penal deberá determinarse dentro del respectivo proceso judicial y con las garantías del debido proceso.
Las autoridades deberán determinar si existe una amenaza concreta
El siguiente paso corresponde a las autoridades colombianas. La Fiscalía y la Policía deberán establecer de dónde procedieron las llamadas, quién estaría detrás de ellas y si existe una amenaza real y concreta contra la senadora o sus familiares.
Mientras tanto, la UNP deberá valorar la situación de seguridad de la congresista dentro de sus competencias.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que las controversias políticas y las investigaciones judiciales se mantengan dentro de los canales institucionales y no deriven en amenazas o intimidaciones contra funcionarios, dirigentes, periodistas, ciudadanos o sus familias.
Por ahora, el dato confirmado es que Martha Peralta denunció públicamente las amenazas y afirmó haberlas reportado ante las autoridades. La identificación de los responsables y las circunstancias que rodearon las llamadas están pendientes de investigación.
