Un nuevo paso legislativo busca poner en el centro de la agenda nacional las necesidades de los jóvenes que viven en el campo colombiano. La Comisión Primera del Senado aprobó, en primer debate y por unanimidad, el Proyecto de Ley 175 de 2026 Senado, una iniciativa que propone establecer medidas para fortalecer la inclusión social, económica y educativa de las juventudes rurales y campesinas.
La propuesta es impulsada por el senador guajiro Alfredo Rafael Deluque Zuleta y lleva el nombre de Ley Fredy Pacheco Salgado, en memoria de quien trabajó durante diez años en su Unidad de Trabajo Legislativo y falleció en enero de 2026. Durante la sustentación, Deluque recordó que la iniciativa tuvo origen en la tesis doctoral de Pacheco, según reseñó la oficina de prensa del Senado.
La aprobación en la Comisión Primera representa un avance dentro del procedimiento legislativo, pero no significa que las medidas estén vigentes. El proyecto deberá ser debatido y votado en la plenaria del Senado y continuar el trámite constitucional correspondiente antes de convertirse en norma.
Educación, empleo y conectividad: los ejes de la propuesta
El proyecto plantea acciones afirmativas para reducir las brechas que afectan a quienes crecen y construyen sus proyectos de vida en zonas rurales. Entre sus propósitos se encuentran facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior, fortalecer la formación técnica y tecnológica y promover alternativas de empleo y emprendimiento en los territorios.
También contempla medidas relacionadas con la transformación digital, el desarrollo de habilidades tecnológicas y la conectividad, aspectos que pueden resultar determinantes para que los jóvenes accedan a procesos de formación, comercialización y nuevas oportunidades económicas sin tener que trasladarse necesariamente a las grandes ciudades.
La iniciativa incluye, además, disposiciones sobre vivienda rural, salud integral, seguridad, protección y acción climática. Su planteamiento parte de una realidad territorial: las oportunidades de estudio y trabajo no siempre están disponibles en las mismas condiciones para quienes viven en centros urbanos y para quienes habitan en corregimientos, veredas y comunidades apartadas.
Una población que representa cerca de 2,9 millones de jóvenes
La dimensión de este debate se entiende mejor al revisar los datos institucionales. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), con base en información del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2019, señala que alrededor de 2,9 millones de jóvenes habitan en zonas rurales del país. La entidad también identifica una importante diversidad étnica dentro de esta población, con presencia de jóvenes indígenas y de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Para el ICA, la juventud en Colombia comprende a las personas entre los 14 y los 28 años. Esta caracterización permite dimensionar que las políticas dirigidas a las juventudes rurales deben considerar las diferencias culturales, productivas y geográficas de cada territorio.
En ese contexto, la discusión no se limita a ofrecer oportunidades de formación. También involucra las condiciones necesarias para que los jóvenes puedan desarrollar actividades productivas, acceder a servicios, participar en las decisiones de sus comunidades y construir un proyecto de vida en el lugar donde nacieron.
El antecedente de la Ley 2539 de 2025
Un elemento importante para comprender el alcance de la nueva iniciativa es que Colombia ya cuenta con la Ley 2539 del 27 de agosto de 2025, que incluyó a las juventudes rurales en el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural.
Esta norma contempla medidas para facilitar el acceso a la tierra, impulsar proyectos productivos y fortalecer la formación académica y técnica de los jóvenes rurales. Por esa razón, el Proyecto de Ley 175 de 2026 debe analizarse como una propuesta que busca ampliar y complementar el marco de atención a esta población, particularmente en aspectos de inclusión integral, participación y acceso a oportunidades.
El reto institucional será lograr que las disposiciones legales se traduzcan en programas con financiación, responsables definidos y resultados verificables en los territorios. La aprobación de una iniciativa en el Congreso constituye un paso político y legislativo, pero no garantiza por sí sola la ejecución de las medidas.
Red Nacional y Observatorio de Juventudes Rurales
Entre los instrumentos propuestos se encuentran la creación de una Red Nacional de Juventudes Rurales y Campesinas y un Observatorio Nacional especializado en esta población.
La Red buscaría fortalecer la participación y la articulación entre jóvenes de diferentes regiones, mientras que el Observatorio tendría como propósito contribuir al seguimiento de las condiciones y políticas públicas relacionadas con las juventudes rurales.
De avanzar la iniciativa en el Congreso, estos mecanismos podrían aportar información y espacios de interlocución para que las decisiones institucionales tengan en cuenta las necesidades expresadas desde las comunidades.
¿Qué significa este avance para La Guajira?
Para La Guajira, el debate tiene especial relevancia por la presencia de comunidades campesinas, indígenas y rurales que enfrentan desafíos asociados a la distancia geográfica, la conectividad, el acceso a educación superior y las oportunidades productivas.
En municipios y corregimientos donde la oferta institucional puede ser limitada, las medidas propuestas podrían abrir posibilidades para fortalecer la formación, el emprendimiento y la participación de las nuevas generaciones. Sin embargo, su impacto dependerá de cómo se reglamenten y financien las políticas, de la coordinación entre las entidades nacionales y territoriales y de su adaptación a las características de cada comunidad.
El avance del proyecto representa una oportunidad para discutir cómo garantizar que permanecer en el campo sea una decisión respaldada por oportunidades reales y no una condición determinada por la falta de alternativas.
Por ahora, la iniciativa continúa su recorrido legislativo. La atención estará puesta en el debate de la plenaria del Senado y en los ajustes que pueda recibir antes de completar su trámite.
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