El pasado fin de semana, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2415 de 2024, que declara al río Ranchería, en La Guajira, como sujeto de derechos. Esta ley, impulsada por la senadora Martha Peralta del Pacto Histórico, representa un avance significativo en la protección de los recursos naturales y el reconocimiento de los derechos de las comunidades locales.
La Ley 2415 de 2024 establece que el río Ranchería, con sus 248 kilómetros de longitud y una cuenca hidrográfica de aproximadamente 4,070 km², debe ser protegido, conservado y restaurado por el Estado colombiano y las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de la región. La ley no solo busca preservar el ecosistema del río, sino también garantizar que sus aguas sean gestionadas de manera sostenible, asegurando la disponibilidad de este recurso para las futuras generaciones.
Uno de los elementos clave de esta nueva legislación es la creación de la Comisión de Guardianes del Río Ranchería, encargada de desarrollar y supervisar un Plan de Acción a 10 años para la protección del río. Este plan incluirá medidas específicas para asegurar el acceso equitativo al agua, la asignación de recursos para la sostenibilidad del río y la implementación de proyectos de restauración ecológica.
Un río con historia y desafíos
El río Ranchería ha sido una fuente vital para las comunidades wayuu, proporcionándoles agua potable y riego para sus cultivos. Sin embargo, su curso ha sido desviado en el pasado para abastecer de agua a la mina de carbón de Cerrejón, lo que ha generado una grave crisis de agua en la región. Este desvío afectó a miles de personas, especialmente a las comunidades indígenas, que vieron cómo el agua, vital para su subsistencia, se destinaba a la industria minera, lo que provocó escasez, desnutrición y deshidratación.
En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino, exigiendo al Estado colombiano garantizar el acceso al agua para las comunidades afectadas. Aunque la represa El Cercado, que desvía el río, fue obligada a abrir sus compuertas, las dificultades persisten, y el cumplimiento de estas medidas ha sido parcial.
Hacia un futuro sostenible
La declaración del río Ranchería como sujeto de derechos es un paso fundamental para revertir los daños causados y asegurar un futuro sostenible para La Guajira. Al otorgar al río derechos propios, la ley no solo protege un recurso natural crucial, sino que también fortalece la participación de las comunidades en su gestión, asegurando que sus necesidades y derechos sean prioritarios.
La senadora Martha Peralta, quien lideró esta iniciativa, celebró la sanción de la ley, destacando que «nunca en la historia el Congreso había legislado para declarar un río sujeto de derechos». Este reconocimiento legal, junto con la participación activa de las comunidades locales, representa una esperanza renovada para la preservación del río y el bienestar de las personas que dependen de él.
Con la implementación de esta ley, Colombia avanza en la lucha por el agua y la vida, buscando reparar las injusticias del pasado y asegurar que el río Ranchería continúe siendo una fuente de vida y sustento para las comunidades de La Guajira.
CORTESIA CUARTO DE HORA