a gobernadora denuncia amenazas, presiones y «múltiples humillaciones», y habla de oficinas y hospitales convertidos en negocios personales. El texto aparece a cinco días de la condena en primera instancia contra Carlos Caicedo, el hombre cuyo aval la llevó al Palacio Tayrona hace ocho meses.
La gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra Zúñiga, publicó un comunicado dirigido “a la opinión pública” en el que sostiene que lleva meses soportando “ataques permanentes, amenazas, presiones, descalificaciones, insultos, múltiples humillaciones y una injusta exposición pública”. Dice que guardó silencio por disciplina y que rompe ese silencio porque también tiene familia. En ninguna línea del texto aparece un nombre propio. No hacía falta.
El comunicado se lee en dos niveles. Uno es el de la mandataria que denuncia hostigamiento y pide respaldo ciudadano. El otro es el de una jefa de gobierno que le está hablando a un sector muy concreto de su propia coalición, y que lo hace con frases que en el Magdalena nadie necesita que le traduzcan.
“El Magdalena no tiene dueño. No es de colores, no es de apellidos, ni es de sectores exclusivos.”
Un poco más adelante, la gobernadora enumera lo que le habría generado resistencia: “gobernar con autonomía, corregir lo que estaba mal, depurar cuando corresponde y poner siempre por delante el interés general”. Y cierra advirtiendo que seguirá siendo una gobernadora “alegre, pero también con carácter y mano fuerte para tomar las decisiones que se necesiten para corregir los errores del pasado”.
La palabra depurar no es retórica en el Palacio Tayrona. Tiene actas administrativas que la respaldan.
Las fechas importan
El 29 de julio de 2026, el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá condenó en primera instancia a Carlos Eduardo Caicedo Omar a 117 meses de prisión —nueve años y nueve meses— por peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El fallo se relaciona con el contrato PS-04 del 20 de agosto de 2014, firmado cuando era alcalde de Santa Marta, por 6.532 millones de pesos, entre el Distrito, la ESE Alejandro Próspero Reverend y Mediredes SAS, para mantenimiento y mejoramiento de centros de salud. Según la decisión judicial, no se presentaron los estudios previos que exigía esa contratación. La sentencia es apelable ante el Tribunal Superior de Bogotá y Caicedo ha sostenido su inocencia.
El comunicado de la gobernadora no menciona ese fallo. Tampoco menciona a Caicedo. Pero aparece cinco días después, en un departamento donde el caicedismo ha sido durante más de una década la estructura política dominante y donde el propio aval de Fuerza Ciudadana fue el vehículo que llevó a Guerra al cargo.
Hay que decirlo con precisión, porque el matiz es jurídico y no menor. Nada en el texto de la gobernadora permite afirmar que se refiera a Caicedo.
Lo que sí permite el contexto es leerlo como lo están leyendo hoy en Santa Marta, Ciénaga y El Banco: como el momento en que la mandataria decide separar su gobierno del padrinazgo que la eligió.
El gabinete que heredó y el que está armando
Guerra fue elegida el 23 de noviembre de 2025 con el 56,06 % de los votos, en una elección atípica convocada después de que el Consejo de Estado anulara la elección del gobernador Rafael Alejandro Martínez por doble militancia. Llegó avalada por Fuerza Ciudadana —el movimiento que perdió su personería jurídica en marzo de 2024 por no alcanzar el umbral— y con el respaldo explícito de Caicedo.
Su primer gabinete lo reflejaba. En Hacienda quedó Virna Lizzy Johnson Salcedo, exalcaldesa de Santa Marta y figura central de Fuerza Ciudadana. En Educación, Adriana Cristina Trujillo Arias, quien había sido subsecretaria durante la gobernación de Caicedo. En Infraestructura, Efraín de Jesús Vargas Corvacho, que repetía cargo.
Ese gabinete duró poco. El 9 de abril de 2026 salieron Trujillo (Educación), Diana Esther Celedón Sánchez (Salud) y Fabián Alberto Bolaño Gutiérrez (Equidad y Poder Popular), los tres identificados por la prensa regional como cercanos al exgobernador. El 24 de junio se movió la pieza más sensible de todas, y es que Hacienda pasó a manos de Carol Guerra Rizo; la Secretaría Privada, a Yannis Moscote Castillo; y la Oficina de Turismo, a Eduardo Brito Salas.
Cuando la gobernadora escribe que ha asumido “los costos” de depurar, eso es lo que hay detrás. No es una figura literaria.
Oficinas y hospitales: la acusación más pesada del texto
El pasaje jurídicamente más delicado del comunicado es este: la gobernadora afirma haber encontrado “oficinas y hospitales” que estaban “al servicio de unos pocos, convertidas en verdaderos focos de corrupción y de negocios personales”.
El antecedente inmediato está a la vista. El 6 de julio la Gobernación declaró alerta máxima por una deuda de las EPS con la red hospitalaria departamental cercana a los 500 mil millones de pesos. Cuatro días después, el 10 de julio, el despacho formalizó gerentes encargados en cuatro hospitales públicos: Fray Luis de León (Plato), Algarrobo, Aracataca y San Zenón, dentro de lo que la administración llamó una reorganización de la red hospitalaria. En su momento no se habló de irregularidades. El comunicado del fin de semana sugiere otra cosa.
Una denuncia de esa gravedad hecha por la máxima autoridad departamental tiene una consecuencia obvia, y es que obliga a un traslado a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría.
Las amenazas no son nuevas
El componente de seguridad del comunicado tiene un historial documentado. El 11 de abril de 2026 la gobernadora denunció amenazas de bandas criminales y el Gobierno Nacional elevó su esquema de protección a nivel de prioridad nacional. El 28 de mayo denunció públicamente un “plan de matoneo mediático y desprestigio personal”, se declaró “mujer víctima de violencia política” y dijo la frase que hoy resuena en el comunicado: “No me van a intimidar. No me van a silenciar. No voy a retroceder”.
El 29 de julio arremetió contra el Inpec por el control que, según ella, ejercen desde prisión alias ‘Robinsito’ y el ‘Negro Ober’ sobre el municipio de Fundación.
El comunicado mezcla en un mismo párrafo la amenaza criminal, que está verificada, tiene esquema reforzado y responsables identificados por la propia mandataria, con el hostigamiento político y mediático, que es de otra naturaleza. Son dos problemas distintos y exigen respuestas distintas. Confundirlos le sirve a quien quiera diluir el primero en el segundo.
Comunicado íntegro de la gobernadora del Magdalena
Transcripción textual. Solo se corrigieron errores evidentes de digitación.
A la opinión pública
Hay momentos en la vida en los que el silencio deja de ser una muestra de prudencia y se convierte en una carga demasiado pesada para el alma.
Por eso hoy quiero hablarles desde el corazón, no solo como Gobernadora del Magdalena, sino también como mujer, madre, hija y como la ciudadana que decidió asumir la enorme responsabilidad de servir a su departamento con honestidad y convicción.
Durante meses he soportado ataques permanentes, amenazas, presiones, descalificaciones, insultos, múltiples humillaciones y una injusta exposición pública que ha intentado de mil formas quebrantar mi carácter y mi voluntad. Guardé silencio porque siempre he tenido claro que mi energía debe estar dedicada a trabajar por el Magdalena y no a responder a quienes prefieren el camino de la confrontación. Pero también tengo una familia. Personas que amo profundamente, y su seguridad son una prioridad irrenunciable para mí.
Acepté este desafío porque creí, y sigo creyendo, que el Magdalena merece un modo distinto de gobernar. No llegué a esta administración para atender intereses particulares, ni para que las decisiones del gobierno favorezcan a unos pocos. Llegué para poner la Gobernación al servicio de la gente, para escucharlos a todos, para abrir las puertas de la institucionalidad, y para demostrar que un gobierno sí puede ser cercano, incluyente, transparente y respetuoso de las diferencias.
El Magdalena no tiene dueño. No es de colores, no es de apellidos, ni es de sectores exclusivos. El Magdalena pertenece realmente es a sus mujeres, a sus campesinos, pescadores, jóvenes, empresarios, productores, maestros, trabajadores, comunidades vulnerables, y a cada ciudadano que todos los días lucha con tesón por sacar adelante a su familia.
Y precisamente, porque emprendimos construir un gobierno abierto, unir en lugar de dividir, entender en lugar de imponer y convocar en lugar de excluir, hemos encontrado un fuerte y sincero respaldo de miles de magdalenenses que anhelan un departamento reconciliado consigo mismo.
Sin embargo, este mismo rumbo despierta la resistencia de quienes siguen pensando que la política debe alimentarse del enfrentamiento, del miedo y de las viejas prácticas que tanto daño le hicieron a nuestro departamento. Y gobernar con autonomía, corregir lo que estaba mal, depurar cuando corresponde y poner siempre por delante el interés general, claro que tiene sus costos. Los he asumido con dignidad y los seguiré asumiendo, porque mi compromiso es con el pueblo que depositó en mí su confianza.
He tomado decisiones proyectando un Magdalena para todos, sin clientelismos y sin quienes solo generan odio y buscan únicamente intereses individuales, como es el caso de oficinas y hospitales que tristemente encontramos al servicio de unos pocos, convertidas en verdaderos focos de corrupción y de negocios personales.
La ética y la independencia no son negociables para mí, y ante cada amenaza que recibo, confío en que tengo una protección superior y cuento con el acompañamiento de un departamento entero al que se está dignificando con obras y acciones, de la mano y el liderazgo de una Gobernadora que es la misma que fue en campaña y que no usó una sonrisa para hacerse elegir y luego borrarla de su rostro.
El Magdalena no tiene tiempo que perder en disputas estériles mientras nuestra gente espera es soluciones. Cada día de gobierno debe convertirse en oportunidades para nuestros jóvenes, bienestar para las familias, obras para los municipios, apoyo para los productores, seguridad para nuestros territorios y esperanza para quienes durante años sintieron que nadie los acompañaba y no tenían voz. Por eso estamos recorriendo el departamento, estrechando manos, tejiendo alianzas, creando espacios y demostrando que cuando se trabaja juntos, se pueden entregar más y mejores resultados con la gente.
Escribo estas palabras porque creo que el pueblo merece conocer también el lado más humano de quienes tenemos la responsabilidad de gobernar.
Confío plenamente en Dios, en la fuerza de mi familia, y en el valioso apoyo del departamento del Magdalena para avanzar en esta misión con serenidad y valentía. Continuaré trabajando con la conciencia tranquila, convencida de que el servicio público solo tiene sentido cuando se ejerce con honestidad, absoluto respeto y amor por la gente.
Seguiré siendo una Gobernadora alegre, pero también con carácter y mano fuerte para tomar las decisiones que se necesiten para corregir los errores del pasado.