La política tributaria se convirtió en uno de los principales anuncios del presidente Abelardo de la Espriella durante su alocución del domingo 15 de noviembre, en la que presentó un balance de sus primeros 100 días de Gobierno.
El mandatario aseguró que su administración no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni establecerá nuevas cargas de este impuesto para el sector agropecuario. La declaración representa un cambio frente a uno de los puntos más controvertidos de la propuesta económica que el Gobierno tramita ante el Congreso bajo el nombre de Ley de Rescate Económico.
“Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario”, manifestó el jefe de Estado.
De acuerdo con la explicación presidencial, inicialmente pidió a su equipo económico proteger los alimentos básicos, aunque esa alternativa habría generado dificultades para alcanzar las metas de recaudo. Posteriormente, el Gobierno ajustó su planteamiento y anunció que buscará otras fuentes de recursos sin trasladar nuevas cargas tributarias a los productos de la canasta familiar.
La decisión también se produce en medio de las objeciones que distintos sectores políticos habían expresado frente a la posibilidad de gravar determinados alimentos y productos agropecuarios.
Hacienda estudia reducir el IVA del 19 % al 17 %
Uno de los anuncios que más atención generó fue la posibilidad de disminuir la tarifa general del IVA, actualmente del 19 %, al 18 % o incluso al 17 %.
El presidente indicó que el Ministerio de Hacienda analiza esa alternativa, aunque todavía no existe una decisión definitiva ni una modificación legal aprobada. Por tanto, la tarifa general vigente continúa siendo del 19 % mientras no se tramite y entre en vigor una reforma que disponga lo contrario.
Una reducción de esta naturaleza tendría implicaciones sobre el recaudo tributario y los precios de los bienes y servicios gravados. Su efecto concreto dependerá de los productos y servicios incluidos, de las condiciones de aplicación y de la manera en que los cambios sean trasladados al consumidor.
También es importante precisar que no todos los alimentos reciben actualmente el mismo tratamiento tributario: el Estatuto Tributario contempla bienes excluidos, exentos y gravados, de acuerdo con su clasificación legal. Por eso, el anuncio de proteger la canasta familiar debe entenderse dentro de ese marco y no como una modificación inmediata de todos los impuestos al consumo.
Recorte del gasto público y venta de activos
En su balance, De la Espriella defendió la política de austeridad de su administración y aseguró que durante los primeros 100 días se logró un recorte de aproximadamente $13,8 billones al Presupuesto General de la Nación.
El mandatario también señaló que la propuesta de ajuste contempla un recorte directo y permanente superior a los $23 billones, con la intención de avanzar hacia la reducción del tamaño del Estado en un 40 %, una meta que había anunciado durante su campaña.
A estas medidas se suma la intención de vender activos improductivos de la Nación por cerca de $4 billones. Según explicó, el Gobierno estudia otras alternativas para obtener recursos sin imponer nuevas cargas a los ciudadanos.
Sin embargo, el propio presidente reconoció que los recortes de gasto no constituyen ingresos y que la venta de activos requiere tiempo. Esta precisión resulta relevante porque muestra que las medidas de austeridad y desinversión no necesariamente producen recursos inmediatos para cubrir las obligaciones fiscales.
Una reforma que todavía necesita acuerdos en el Congreso
El jefe de Estado insistió en que la Ley de Rescate Económico continúa en construcción y que no pretende imponer su aprobación en los términos inicialmente presentados.
Afirmó que está dispuesto a dialogar con los partidos políticos y diferentes sectores para encontrar una fórmula que permita atender las necesidades fiscales del país sin afectar la economía de los hogares.
El debate tendrá que concentrarse en cómo sustituir los recursos que el Gobierno esperaba obtener mediante los cambios tributarios inicialmente propuestos. También será necesario conocer los cálculos actualizados de recaudo, el alcance de los recortes y los activos que podrían ponerse en venta.
La iniciativa deberá continuar su trámite legislativo y someterse a la discusión y aprobación del Congreso. Hasta entonces, los anuncios presidenciales representan una orientación política y económica, no una modificación automática del sistema tributario.
¿Qué significa para los hogares colombianos?
Para los consumidores, el anuncio de no imponer nuevas cargas de IVA a la canasta familiar busca evitar un aumento tributario sobre los productos básicos incluidos en la propuesta inicial. Por su parte, una eventual reducción de la tarifa general podría beneficiar a compradores de bienes y servicios actualmente gravados, aunque el impacto dependerá de las decisiones definitivas y de cómo respondan los precios del mercado.
El principal interrogante es cómo financiará el Gobierno sus compromisos y necesidades presupuestales si reduce o descarta parte de los ingresos tributarios que contemplaba inicialmente.
En los próximos días será importante conocer el texto actualizado del proyecto, los conceptos técnicos del Ministerio de Hacienda y las posiciones de los congresistas frente a las alternativas planteadas por el Ejecutivo.
Por ahora, el mensaje presidencial es claro: la canasta familiar no tendrá nuevas cargas de IVA por cuenta de esta iniciativa, mientras el Gobierno estudia reducir la tarifa general y busca acuerdos para sostener las finanzas públicas.
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