Riohacha, La Guajira. — La situación de la niñez Wayuu volverá a ser examinada directamente sobre el territorio. La Corte Constitucional realizará entre el 26 y el 28 de agosto de 2026 una inspección judicial en La Guajira para establecer hasta qué punto las medidas adoptadas por el Estado se han traducido en mejoras reales para las comunidades indígenas.
La diligencia fue ordenada mediante el Auto 1017 del 30 de julio de 2026, expedido por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, y abarcará Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao, los cuatro territorios priorizados desde que el alto tribunal declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de derechos fundamentales de niñas y niños Wayuu.
La visita tendrá una característica fundamental: los magistrados y las entidades convocadas no se limitarán a revisar informes administrativos. La Corte pretende contrastar directamente sobre el terreno las cifras, proyectos y acciones reportadas por las instituciones con las condiciones que enfrentan las comunidades.
Ocho años después, la Corte vuelve al territorio
La Sentencia T-302 de 2017 constituye una de las decisiones judiciales más importantes relacionadas con la crisis humanitaria de La Guajira.
En ella, la Corte declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional (ECI) frente al goce efectivo de los derechos al agua potable, alimentación, seguridad alimentaria, salud y participación de la niñez Wayuu en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
La decisión surgió, entre otros factores, ante las elevadas cifras de muertes de niñas y niños asociadas con la desnutrición y las deficiencias estructurales que afectaban a las comunidades.
Ahora, ocho años después de la notificación del fallo y tres años después de la última inspección judicial, la Corte considera necesario regresar a La Guajira para establecer cuáles problemas persisten y qué impacto han tenido realmente las intervenciones ejecutadas.
El agua estará en el centro de la inspección
Aunque serán revisados los ocho objetivos constitucionales mínimos establecidos para superar el estado de cosas inconstitucional, la Corte determinó que el derecho fundamental al agua será uno de los ejes centrales de la visita.
Los magistrados verificarán aspectos como disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua en los territorios seleccionados.
La importancia de este componente no es menor. La propia Corte advierte que el acceso al agua mantiene una relación directa con otros derechos fundamentales, especialmente la vida, la salud y la alimentación.
La inspección buscará determinar no solamente si existen obras, programas o inversiones, sino si esas acciones funcionan, son sostenibles y efectivamente están llegando a las familias Wayuu.
Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao estarán bajo verificación
La agenda establecida por la Corte comenzará el miércoles 26 de agosto, a las 8:30 de la mañana, en las instalaciones judiciales de Riohacha.
Ese mismo día será visitado el Resguardo Indígena Wayuu Perratpu, en Riohacha.
El 27 de agosto, la inspección llegará a Uribia, donde se realizarán verificaciones en Jojoncito y Carrizal.
Finalmente, el 28 de agosto, la diligencia llegará a la Pila Pública Casa Azul, en Manaure, y posteriormente al casco urbano de Maicao. El cierre está previsto para las 5:00 de la tarde en Riohacha.
Amplio grupo de instituciones tendrá que responder
La dimensión de la diligencia también queda reflejada en el número de entidades convocadas.
La Corte solicitó la presencia de la Gobernación de La Guajira; las alcaldías de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia; Procuraduría; Defensoría del Pueblo; Contraloría; ICBF y varios ministerios, además de ESEPGUA, DANE, Registraduría, Superintendencia de Servicios Públicos y representantes de los prestadores de agua.
También fueron convocados representantes de las comunidades Wayuu, gestores comunitarios de agua y saneamiento, la veeduría ciudadana de la Sentencia T-302 y miembros del Ejército, Policía y Armada.
La inspección tendrá además acompañamiento técnico de expertos de la Universidad del Magdalena para el componente de agua; Universidad de Antioquia en alimentación; Universidad de La Guajira en salud, y apoyo para traducción al wayuunaiki.
Los organismos de control ya habían advertido dificultades
La inspección no ocurre en un escenario nuevo.
La Defensoría del Pueblo, en visitas anteriores de seguimiento, ha advertido dificultades en la garantía de derechos fundamentales en comunidades de La Guajira.
En marzo de 2025, por ejemplo, la entidad informó que durante verificaciones realizadas en zonas rurales de Riohacha, Manaure y Maicao encontró omisiones frente a lo establecido por la Corte y aspectos que debían mejorar en agua, alimentación, salud y atención a la infancia.
Meses después, la Defensoría participó en una mesa técnica en Riohacha destinada precisamente a revisar avances, compromisos y desafíos relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes en cumplimiento de la T-302.
Estos antecedentes ayudan a explicar por qué la nueva visita de la Corte tendrá un componente especialmente práctico: determinar si las políticas anunciadas están produciendo resultados verificables en las rancherías y comunidades.
La Procuraduría acompañará la verificación
La Procuraduría General de la Nación anunció su participación en la diligencia como parte del seguimiento que realiza al cumplimiento de las órdenes judiciales.
De acuerdo con la información suministrada por el organismo de control, entre las dificultades que ha venido señalando se encuentran los problemas de coordinación entre instituciones nacionales y territoriales y la necesidad de garantizar continuidad en las intervenciones realizadas en las comunidades.
El Ministerio Público también ha desarrollado jornadas de atención en comunidades apartadas de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha, relacionadas con salud, educación, seguridad alimentaria y registro civil.
Según el balance suministrado por la entidad, más de 3.200 niñas y niños habrían recibido atención mediante estas intervenciones, cifra que deberá analizarse dentro de un panorama mucho más amplio sobre la efectividad de las políticas públicas.
La pregunta central: ¿qué cambió realmente para la niñez Wayuu?
La inspección judicial tendrá entonces una trascendencia que supera la revisión de obras o estadísticas.
Después de años de inversiones, planes gubernamentales, órdenes judiciales, mesas técnicas y programas institucionales, la pregunta que deberá responderse es mucho más concreta:
¿Las condiciones de vida de las niñas y niños Wayuu han mejorado de manera efectiva y sostenible?
La Corte ha señalado que precisamente busca verificar “la realidad material” de las comunidades e identificar avances, obstáculos persistentes y el impacto real de las acciones desarrolladas por las entidades responsables.
Entre el 26 y el 28 de agosto, esa respuesta comenzará a buscarse nuevamente sobre el terreno de La Guajira.
Seguimiento oficial de la Corte Constitucional a la Sentencia T-302 de 2017
