El proceso judicial contra Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, entró en una nueva etapa luego de su extradición desde Colombia hacia Estados Unidos. El señalado dirigente de los Comandos de la Frontera compareció ante la justicia federal estadounidense después de permanecer detenido en Colombia desde febrero de 2025.
Rojas fue entregado a funcionarios estadounidenses el 25 de septiembre en Bogotá y posteriormente trasladado a San Diego, California. El Gobierno colombiano confirmó que la extradición fue ejecutada por decisión del presidente Abelardo De La Espriella, luego de que el trámite permaneciera suspendido durante su participación en conversaciones de paz.
Dos cargos federales en Estados Unidos
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Rojas enfrenta dos acusaciones federales: conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo.
La acusación estadounidense sostiene que los hechos investigados están relacionados con operaciones de tráfico de cocaína desarrolladas desde el suroccidente de Colombia y otras zonas, dentro de una investigación de largo plazo adelantada por autoridades estadounidenses.
El Departamento de Justicia señala además que los Comandos de la Frontera, bajo el liderazgo atribuido a Rojas, habrían obtenido recursos mediante actividades relacionadas con la producción y tráfico de cocaína y mantenido control territorial mediante armas y violencia.
No obstante, existe una precisión jurídica fundamental: los cargos contenidos en la acusación son alegaciones de la Fiscalía estadounidense y no equivalen a una condena. El propio Departamento de Justicia recuerda que el acusado se presume inocente mientras no se demuestre su responsabilidad penal.
La extradición que puso fin a meses de incertidumbre
La salida de Rojas de Colombia se produjo después de un proceso que estuvo marcado por su participación en los diálogos de paz impulsados durante el Gobierno anterior.
La Corte Suprema de Justicia había emitido concepto favorable a la extradición en 2025, pero el trámite permaneció suspendido mientras Rojas participaba como vocero de los Comandos de la Frontera en los procesos de negociación.
Posteriormente, el Gobierno de De La Espriella decidió reactivar el procedimiento y finalmente hizo efectiva la entrega a Estados Unidos el 25 de septiembre.
La defensa plantea colaboración con las autoridades
Uno de los elementos que ahora genera expectativa es la posición de la defensa.
Según lo reportado por medios colombianos, los abogados de Rojas han manifestado que el procesado estaría dispuesto a colaborar con las autoridades de Colombia y Estados Unidos y buscar una alternativa jurídica para resolver su situación.
Esa disposición podría abrir la puerta a conversaciones entre la defensa y los fiscales estadounidenses, aunque cualquier eventual acuerdo deberá ajustarse al procedimiento judicial de Estados Unidos y dependerá de las decisiones de las autoridades competentes.
Por ahora, no debe presentarse esa disposición como un acuerdo alcanzado ni como una negociación judicial aprobada.
Un proceso con implicaciones para Colombia
El caso tiene una dimensión adicional porque Rojas no era solamente una persona requerida por Estados Unidos. Antes de su extradición fue presentado como uno de los principales dirigentes de los Comandos de la Frontera y participó en los diálogos de paz con el Gobierno colombiano.
El Departamento de Justicia estadounidense afirma que Rojas fue portavoz y dirigente de esa organización y que el grupo opera en el suroccidente colombiano.
La extradición representa, por tanto, un cambio importante en el tratamiento judicial de un hombre que durante el Gobierno anterior había participado en conversaciones con el Estado.
¿Qué viene ahora?
El proceso continuará ante la justicia federal del Distrito Sur de California, donde se definirán las siguientes etapas del caso.
La defensa podrá controvertir las acusaciones, solicitar las medidas procesales correspondientes y eventualmente explorar acuerdos con la Fiscalía estadounidense, si ambas partes consideran viable esa alternativa.
Para Colombia, el desarrollo del proceso también podría tener interés por la información que Rojas eventualmente pueda entregar sobre las estructuras, rutas y redes financieras de los Comandos de la Frontera.
Sin embargo, cualquier información que surja de una eventual colaboración deberá ser verificada y valorada por las autoridades judiciales antes de convertirse en una conclusión sobre terceros.