La preocupación por la seguridad de los mandatarios locales aumenta en el centro del Atlántico luego de que el alcalde de Repelón, Jorge Reales, revelara que uno de sus colegas habría recibido amenazas de muerte.
El anuncio se conoce apenas dos días después de que la Defensoría del Pueblo emitiera la Alerta Temprana 019 de 2026, en la que advierte sobre un escenario de riesgo para las comunidades de Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo.
Según la Defensoría, en esta subregión existe una disputa entre diferentes estructuras armadas y organizaciones de crimen organizado que buscan controlar un corredor estratégico para actividades ilícitas. La entidad menciona al autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—, además de estructuras como Los Costeños, Los Pepes, Los Rastrojos Costeños y bandas delincuenciales tercerizadas.
🚨 Denuncia bajo reserva
En medio de este panorama, Jorge Reales confirmó que uno de los alcaldes de los cinco municipios incluidos en la alerta habría recibido amenazas contra su vida.
El mandatario explicó que su colega le solicitó mantener en reserva su identidad mientras el caso es atendido por las autoridades, particularmente por los organismos encargados de inteligencia y seguridad.
De acuerdo con declaraciones entregadas por Reales y recogidas por medios regionales, el alcalde habría manifestado que incluso existiría un ofrecimiento de cinco millones de pesos para atentar contra su vida. Esta versión corresponde a la denuncia hecha públicamente por el alcalde de Repelón y deberá ser establecida por las autoridades encargadas de la investigación.
Reales describió la situación como especialmente preocupante y aseguró que su colega se encontraba afectado emocionalmente por las amenazas y preocupado por su seguridad y la de su familia.
🛡️ Alcaldes piden refuerzo de seguridad
Ante este escenario, los mandatarios de los municipios incluidos en la alerta solicitaron una mayor presencia institucional y pidieron al Gobierno Nacional analizar de manera urgente las condiciones de seguridad de la zona.
Reales también planteó la necesidad de convocar un consejo de seguridad con participación del Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa, las autoridades departamentales y los organismos responsables de la protección de los funcionarios.
El objetivo, según el mandatario, es evaluar las amenazas y determinar qué medidas adicionales deben adoptarse para garantizar el ejercicio de la administración pública sin que los funcionarios tengan que gobernar bajo intimidaciones.
⚠️ Una alerta que va más allá de los alcaldes
La Defensoría del Pueblo advierte que el riesgo no se limita a los funcionarios públicos.
La Alerta Temprana 019 de 2026 señala que las comunidades de los cinco municipios enfrentan riesgos relacionados con extorsiones, homicidios, microtráfico, hurto de ganado y otras formas de violencia, en un territorio considerado estratégico por su conexión entre el área metropolitana de Barranquilla, el Canal del Dique y los departamentos de Bolívar y Magdalena.
La entidad también identificó presiones contra liderazgos sociales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras y comunidades étnicas.
Para responder a este escenario, la Defensoría formuló 31 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales y territoriales, entre ellas los ministerios del Interior y Defensa, la Fiscalía y la Unidad para las Víctimas.
También pidió activar la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas —CIPRAT—, con el propósito de establecer medidas de protección, prevención y acceso a la justicia.
El desafío es actuar antes de que ocurra una tragedia
La Defensoría hizo énfasis en que las alertas tempranas tienen un carácter preventivo y no predictivo. Es decir, buscan advertir sobre escenarios de riesgo para que las instituciones adopten medidas antes de que las amenazas se conviertan en nuevos hechos de violencia.
Por ahora, las autoridades deberán establecer la procedencia y gravedad de las amenazas denunciadas contra el alcalde, definir las medidas de protección correspondientes y determinar si existe una estructura criminal detrás de las intimidaciones.
La prioridad, según el llamado de los mandatarios y la Defensoría, es evitar que la advertencia termine convirtiéndose en una tragedia.