El presidente Abelardo De La Espriella firmó este martes 13 de octubre el Decreto 1525 de 2026, mediante el cual el Gobierno establece nuevas reglas para la actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones y busca reforzar las garantías para el ejercicio de la protesta pacífica.
La expedición de la norma ocurre en un momento especialmente sensible para la administración, pues este miércoles 14 de octubre están previstas movilizaciones nacionales convocadas por organizaciones sindicales, sociales y sectores de oposición. El propio Gobierno confirmó que el nuevo marco será aplicado durante esta jornada, convirtiéndola en una primera prueba para las disposiciones adoptadas.
Diálogo como regla, intervención frente a la violencia
Uno de los elementos centrales del Decreto 1525 es que mantiene el diálogo y la mediación como mecanismos preferentes frente a las situaciones que puedan presentarse durante una manifestación.
Sin embargo, la norma establece una diferencia entre la protesta como expresión colectiva y las conductas individuales que puedan constituir actos violentos. De esta manera, las autoridades pueden intervenir contra quienes sean identificados ejecutando hechos violentos sin que necesariamente tengan que esperar a que se agoten previamente todas las etapas de diálogo.
El decreto contempla situaciones como el uso de armas, artefactos incendiarios, agresiones, retención de personas, ataques contra terceros y otras conductas que puedan constituir delitos o poner en riesgo derechos fundamentales.
El Gobierno sostiene que este mecanismo busca evitar que la existencia de una manifestación pacífica impida actuar de manera individualizada contra quienes incurran en violencia.
Los bloqueos tendrán un tratamiento específico
Uno de los puntos que mayor atención genera es el relacionado con la obstrucción de vías.
La norma define la obstrucción de vías como la ocupación total o parcial de una calzada o del acceso a determinada infraestructura. Sin embargo, establece que la obstrucción, por sí sola, no modifica automáticamente el carácter pacífico de una manifestación.
La disolución total o parcial de una concentración que genere una obstrucción solamente podrá producirse en situaciones excepcionales, cuando la perturbación sea grave y sostenida y no exista otro mecanismo menos lesivo para garantizar los derechos involucrados. Además, cualquier intervención deberá observar el principio de uso mínimo de la fuerza.
Este punto resulta especialmente relevante para la jornada del 14 de octubre, debido a la preocupación del Gobierno frente a eventuales bloqueos de corredores estratégicos y vías de alta movilidad.
El Gobierno defiende la norma como una garantía para todos
El presidente De La Espriella ha insistido en que su administración reconoce la protesta pacífica como un derecho constitucional, pero sostiene que ese derecho debe coexistir con otros derechos ciudadanos, como la movilidad, el trabajo, la educación, la atención de emergencias y el acceso a los servicios públicos.
Tras la expedición del decreto, la Presidencia afirmó que la nueva regulación busca fortalecer las garantías para quienes se manifiestan pacíficamente y establecer condiciones para que la Policía pueda actuar cuando se presenten situaciones de violencia, vandalismo o afectación grave de los derechos de terceros.
El mandatario resumió su posición con una frase que se convirtió en el mensaje político central del decreto: “La protesta se respeta, pero la violencia no se tolera”.
La oposición y las organizaciones sociales tendrán un papel determinante
La aplicación de la nueva norma será observada también desde los sectores que convocaron las movilizaciones.
Las organizaciones sindicales, sociales, indígenas y sectores políticos de oposición han anunciado su participación en la jornada nacional, que tendrá entre sus principales asuntos reivindicaciones laborales, educativas y territoriales, además del rechazo a algunas decisiones del Gobierno.
En este escenario, uno de los principales desafíos para las autoridades será encontrar el equilibrio entre garantizar el derecho constitucional a la manifestación y evitar que hechos individuales de violencia terminen afectando a quienes participan pacíficamente.
Una primera prueba para el Gobierno de De La Espriella
El Decreto 1525 llega poco más de dos meses después del comienzo de la administración De La Espriella y tendrá su primera prueba práctica durante una movilización convocada precisamente por sectores críticos del Gobierno.
El resultado de la jornada no dependerá únicamente del contenido de la norma, sino de la forma en que autoridades, manifestantes y Fuerza Pública la apliquen en las calles.
El desafío será demostrar que el nuevo marco puede garantizar simultáneamente el derecho a protestar, la seguridad de los ciudadanos y el respeto por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
La jornada del 14 de octubre, por tanto, será también el primer escenario nacional para evaluar cómo funciona en la práctica el nuevo modelo de actuación frente a la protesta social.
