La Guajira vuelve a estar en el centro de la discusión nacional sobre la transición energética, esta vez por el ritmo al que avanzan los proyectos de generación eólica frente al enorme potencial de viento que posee el departamento.
Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de SER Colombia, señaló que actualmente existen alrededor de 41 megavatios (MW) de generación eólica en pruebas, una capacidad que, según la asociación, representa menos del 1 % de la capacidad instalada del país.
La dirigente gremial sostuvo que el potencial de nuevos proyectos es considerable y que el portafolio previsto para los próximos años supera los 2.000 MW eólicos, de los cuales cerca de 1.000 MW estarían condicionados a la entrada en operación de la infraestructura de transmisión asociada a la línea Colectora.
La Colectora, una infraestructura estratégica
La línea Colectora constituye uno de los proyectos fundamentales para conectar la generación renovable de La Guajira con el Sistema Interconectado Nacional.
El Ministerio de Minas y Energía informó en julio de 2026 que la obra superaba el 80 % de avance y anunció medidas transitorias para evitar que proyectos estratégicos de generación se frustren por retrasos en infraestructura de transmisión y otros procesos de articulación.
El proyecto tiene como objetivo transportar hacia el sistema nacional una parte importante de la energía producida por los parques eólicos de La Guajira. El Ministerio había señalado previamente una capacidad de conexión superior a los 1.000 MW.
Por eso, el debate actual no se limita a construir los aerogeneradores: también involucra líneas de transmisión, subestaciones, vías de acceso, concertación con comunidades y los diferentes permisos requeridos.
Trámites y capacidad institucional, en el centro del debate
SER Colombia plantea que uno de los principales desafíos está relacionado con los tiempos de los trámites.
Hernández afirmó que algunos procedimientos ante la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, pueden superar los 365 días y propuso un plan de choque para fortalecer la capacidad institucional de la entidad.
La UPME cuenta actualmente con un Sistema Único de Usuarios que permite radicar solicitudes, consultar el estado de los trámites y hacer seguimiento a las diferentes etapas de los procesos.
Desde el sector privado, sin embargo, se plantea que además de digitalizar y hacer seguimiento, se requieren tiempos máximos para las diferentes autoridades que intervienen en la aprobación y desarrollo de los proyectos.
Consultas previas: un componente central en La Guajira
Uno de los aspectos que diferencia el desarrollo energético de La Guajira frente a otros territorios es la presencia de numerosas comunidades indígenas y, por tanto, la importancia de los procesos de consulta previa.
El Ministerio del Interior ha señalado que La Guajira concentra una proporción significativa de los procesos de consulta previa relacionados con la transición energética. En 2025, por ejemplo, la entidad acompañó acuerdos con comunidades Wayuu vinculados a proyectos eólicos de Celsia.
En el caso de los proyectos Alpha y Beta, el Ministerio de Minas reportó en junio de 2026 la participación de 108 comunidades, 130 consultas previas y cerca de 195 reuniones sociales proyectadas, como parte de la estrategia para reactivar estas iniciativas.
Esto evidencia que la discusión sobre los tiempos de los proyectos no solamente tiene una dimensión empresarial o administrativa: también involucra los derechos de las comunidades y los mecanismos de concertación sobre sus territorios.
El Gobierno asegura que hay avances
Aunque SER Colombia cuestiona el ritmo de desarrollo de la generación eólica, el Gobierno Nacional sostiene que durante los últimos años se han producido avances importantes.
El Ministerio de Minas ha creado mecanismos para intentar destrabar proyectos estratégicos y ha institucionalizado un modelo de diálogo tripartito entre Estado, empresas y comunidades, con el propósito de facilitar la transición energética en La Guajira.
También existen proyectos de gran escala en proceso de desarrollo. Ecopetrol y AES Colombia, por ejemplo, suscribieron un acuerdo marco para el clúster eólico Jemeiwaa Ka’I, ubicado en Uribia, con una capacidad aproximada de 1.087 MW, sujeto al cumplimiento de las condiciones y requisitos legales correspondientes.
Asimismo, Ecopetrol aprobó en diciembre de 2025 la inversión para desarrollar Windpeshi, proyecto ubicado en Uribia y Maicao, que la compañía proyectó como una iniciativa capaz de multiplicar varias veces la capacidad eólica instalada en Colombia.
El licenciamiento también está en discusión
Otro punto que requiere precisión es el de las licencias ambientales.
La ANLA ha rechazado previamente afirmaciones del sector energético sobre supuestos retrasos generalizados en el licenciamiento de proyectos de La Guajira y aseguró en diciembre de 2025 que los procesos bajo su competencia se encontraban al día. La entidad citó, entre otros, proyectos licenciados que sumaban 760 MW y señaló que el departamento acumulaba alrededor de 2.500 MW licenciados.
Por ello, atribuir todos los retrasos exclusivamente a las licencias ambientales sería impreciso. El desarrollo de estos proyectos depende de una cadena de factores que incluye consulta previa, permisos sectoriales, transmisión, financiación, acuerdos comunitarios y decisiones empresariales.
Una oportunidad energética con desafíos territoriales
La discusión planteada por SER Colombia vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: cómo lograr que el enorme recurso eólico de La Guajira se traduzca en generación efectiva de energía, inversión y beneficios para el territorio, sin desconocer los derechos de las comunidades.
La propuesta del gremio incluye establecer plazos máximos para los trámites, fortalecer entidades como la UPME y garantizar estabilidad regulatoria para proyectos cuya recuperación de inversión puede extenderse durante décadas.
Al mismo tiempo, los avances reportados por el Gobierno muestran que existen proyectos en proceso de reactivación y obras de transmisión que buscan resolver parte de las restricciones actuales.
El desafío, por tanto, no consiste únicamente en instalar más aerogeneradores, sino en conseguir que generación, transmisión, regulación, participación comunitaria y desarrollo territorial avancen de manera coordinada.
