El cambio de Gobierno en Colombia abrió un nuevo capítulo de revisión sobre la gestión de las entidades del sector agropecuario. El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció que iniciará el procedimiento administrativo para declarar insubsistente a César Pachón, quien hasta ahora permanece al frente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).
La decisión se produjo luego de que Dangond cuestionara la determinación de la ADR de habilitar el sábado 8 de agosto de 2026 como día hábil administrativo, en medio de la transición entre la administración de Gustavo Petro y el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella.
Según la información divulgada sobre la resolución, la medida permitió adelantar durante esa jornada actuaciones relacionadas con asuntos misionales, administrativos, presupuestales, precontractuales, contractuales y poscontractuales de la entidad.
El caso adquirió relevancia debido a que, de acuerdo con los cuestionamientos formulados por el nuevo ministro, durante ese periodo se encontraban en trámite actuaciones contractuales por varios cientos de miles de millones de pesos.
Dangond cuestiona la habilitación del sábado
El ministro aseguró que conoció la decisión al comenzar su gestión y que decidió verificar personalmente lo que estaba ocurriendo en la Agencia de Desarrollo Rural.
Dangond cuestionó la habilitación de la jornada y sostuvo que la decisión debía ser revisada a la luz de las disposiciones administrativas y judiciales aplicables.
«Me sorprendió que el señor Pachón haya desobedecido el auto de unos magistrados de las altas cortes como el Consejo de Estado», afirmó el funcionario.
A partir de esa controversia, el ministro anunció que adelantaría el procedimiento correspondiente para separar a Pachón del cargo y manifestó su intención de notificar personalmente la decisión.
La salida, sin embargo, deberá surtirse mediante el procedimiento administrativo correspondiente y quedar formalizada en el acto respectivo.
Pachón defiende la actuación de la ADR
Frente a los cuestionamientos, César Pachón rechazó las afirmaciones del nuevo ministro y sostuvo que la habilitación de días hábiles durante su administración tuvo como propósito garantizar la continuidad de los procesos misionales y administrativos de la Agencia.
La controversia se produce en un momento particularmente sensible para las entidades públicas, debido al proceso de transición entre gobiernos y a la necesidad de garantizar tanto la continuidad de los programas como la transparencia de las decisiones administrativas.
La propia ADR mantiene publicados en sus plataformas oficiales procesos de contratación y términos de referencia correspondientes a proyectos productivos en diferentes regiones del país, lo que evidencia el volumen de actuaciones que debe administrar la entidad.
Contratos por revisar
Uno de los puntos centrales de la denuncia del ministro tiene que ver con una serie de contratos y convenios que, según Dangond, deberán ser sometidos a revisión.
Entre los casos mencionados figura un convenio entre la Agencia de Desarrollo Rural y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por aproximadamente $192.550 millones.
Dangond también hizo referencia a otros procesos relacionados con infraestructura productiva, proyectos agropecuarios, una planta de sacrificio porcino y actuaciones en el departamento de Casanare.
El ministro calificó algunos de estos procesos como «sospechosos», pero corresponde a los organismos de control y a las autoridades competentes determinar si existieron irregularidades, responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales.
Por esa razón, una de las principales instrucciones impartidas por el nuevo jefe de la cartera será conformar equipos jurídicos especializados en derecho penal, disciplinario, fiscal y laboral para revisar las actuaciones de las entidades adscritas al Ministerio.
Auditoría a las entidades del sector
La revisión anunciada no se limitará a la ADR.
Dangond señaló que serán examinadas entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Unidad de Restitución de Tierras, con el propósito de identificar posibles irregularidades y, si existen elementos suficientes, trasladarlos a las autoridades competentes.
El ministro ya había planteado antes de asumir el cargo la necesidad de realizar una auditoría forense sobre la gestión del sector agropecuario. En análisis publicados durante el periodo de transición había cuestionado la ejecución de recursos, la política de tierras y los resultados de algunas entidades del sector.
Además, medios nacionales han reportado que el equipo del nuevo Gobierno ya venía revisando posibles hallazgos relacionados con la Agencia Nacional de Tierras y otros organismos del sector.
Suspensión temporal de procesos de tierras
Uno de los anuncios de mayor alcance tiene relación con la política de tierras.
Dangond informó que pretende establecer una suspensión de 90 días para determinados procesos relacionados con la entrega y titulación de tierras mientras se adelantan las revisiones anunciadas.
El objetivo, según explicó, será verificar la legalidad de las actuaciones, revisar la situación jurídica de los predios y analizar los procesos de adquisición, adjudicación y restitución adelantados durante los últimos años.
El ministro también cuestionó algunos procesos de compra de tierras y afirmó que existen casos en los que, según su información, los predios no habrían sido completamente pagados o sus títulos requerirían una revisión.
Estos señalamientos deberán ser contrastados mediante las auditorías y los procedimientos administrativos correspondientes antes de establecer eventuales responsabilidades.
También habrá revisión en el sector ganadero
Otro de los asuntos abordados por el ministro fueron las dificultades relacionadas con las guías sanitarias de movilización interna de ganado.
Dangond anunció un plan de choque para enfrentar los problemas que se han presentado en este sistema y aseguró que la situación habría generado riesgos de corrupción y posibles casos de soborno.
El Gobierno pretende intervenir este frente mediante ajustes administrativos y controles que permitan garantizar la expedición de los documentos requeridos para la movilización legal de animales.
El comienzo de una revisión más amplia
La controversia alrededor de César Pachón es apenas uno de los primeros episodios de la revisión que el nuevo Gobierno ha anunciado sobre la gestión del sector agropecuario durante la administración anterior.
La intención expresada por Dangond es realizar una revisión integral de contratos, convenios, programas de tierras y ejecución presupuestal, y trasladar a la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía aquellos casos en los que existan elementos que ameriten una investigación.
El reto para el nuevo Ministerio será que estas revisiones se desarrollen con criterios técnicos, transparencia y respeto por el debido proceso, de manera que cualquier eventual irregularidad pueda ser determinada con base en documentos, auditorías y pruebas, y no únicamente a partir de señalamientos políticos.
La transición del sector agropecuario entra en una nueva etapa
La salida anunciada de César Pachón de la ADR y las auditorías planteadas por el ministro de Agricultura marcan un cambio de orientación en la conducción del sector.
Ahora, las entidades deberán responder no solo por la continuidad de sus programas y proyectos, sino también por entregar información completa sobre los procesos administrativos y contractuales heredados.
El resultado de las auditorías será el que permita establecer si los cuestionamientos formulados por el nuevo Gobierno corresponden a errores administrativos, decisiones controvertibles o a posibles conductas que deban ser investigadas por los organismos de control y la justicia.
