Fiscales federales de Estados Unidos y abogados del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro plantearon este martes que el juicio en contra del político y su esposa, Cilia Flores, comience en junio de 2027, según un documento judicial del Departamento de Justicia.
Maduro está acusado de narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas. Flores también enfrenta cargos penales. En su primera audiencia en enero, ambos rechazaron las acusaciones en su contra.
La presentación de los fiscales en el Distrito Sur de Nueva York establece un calendario procesal con plazos para finales de este año y principios de 2027, para que el gobierno entregue pruebas a la defensa, como lo exige la ley.
Los procedimientos, según el calendario propuesto, se llevarían a cabo entre septiembre y marzo del próximo año.
Se espera que los fiscales y los abogados de Maduro y su esposa presenten conjuntamente la solicitud al juez Alvin Hellerstein en una audiencia prevista para este miércoles, según el documento judicial.
Maduro y Flores fueron detenidos en su casa en Caracas durante un operativo militar de Estados Unidos realizado el 3 de enero. Ambos se encuentran desde entonces en la prisión federal de Brooklyn mientras esperan el juicio.
Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez, quien hasta entonces era su vicepresidenta, asumió como presidenta encargada. Rodríguez ha criticado el operativo estadounidense contra Maduro, pero al mismo tiempo se ha declarado dispuesta a iniciar una nueva relación de cooperación y respeto con Estados Unidos.
La del miércoles es la tercera audiencia que Maduro y su esposa tendrán en Nueva York desde la captura en enero. Ambos se encuentran bajo custodia federal en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una cárcel federal con un historial documentado de cortes de electricidad, falta de personal y quejas de personas detenidas.
El proceso ha estado marcado por varias disputas procesales en los últimos meses. Gran parte de las audiencias recientes se han concentrado en el acceso a pruebas, si Venezuela podía cubrir los honorarios legales y los esfuerzos de los abogados por lograr que el caso sea desestimado.
En abril, Estados Unidos aceptó permitir que el Gobierno de Venezuela se encargue de los costos de la defensa legal de Maduro. Fiscales federales informaron al juez que el Departamento del Tesoro aceptó modificar una licencia para permitir los pagos a los abogados sin violar las leyes de sanciones de Estados Unidos.
Aunque el juez ya rechazó intentos para desestimar la acusación, según expertos, la defensa probablemente intentará que se desestime el caso por otras vías legales, incluyendo alegatos de inmunidad y cuestionamientos sobre la legalidad de su detención y traslado a Estados Unidos.
